Entrevista con el juez Miguel Ángel Maza

En conversación exclusiva con El Suplemento, el juez Miguel Ángel Maza, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, comentó su visión del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno y que afectará a millones de trabajadores argentinos.

¿Nos podría contar su visión sobre la propuesta de modificación de las leyes laborales que está impulsando el Gobierno del presidente Mauricio Macri, y de ser posible haciendo un parangón con la reforma realizada en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem?
Hasta el momento no sabemos el contenido de la supuesta reforma. En un primer momento se dijo que no iba a ser por ley sino por acuerdos con sectores, lo que nos parecía bastante prudente. Ahora pareciera que podría ser por ley. Nosotros como técnicos y doctrinarios pensamos que sería bueno que no se repitiera la experiencia de los ‘90, cuando hubo un uso fraudulento de las figuras que se crearon para generar empleo. Se comprobó en miles de casos que pasaron por Tribunales que infinidad de personas que tenían trabajo estable lo perdieron, porque la relación laboral fue reconvertida en un contrato de duración limitada, o en el peor de los escenarios despedían trabajadores con estabilidad para tomar trabajadores con contratos inestables o precarios. Esperemos que esto no se repita nuevamente, porque es malo para el empleado y para las empresas. El trabajor precario no se pone la camiseta de la empresa, jamás, y por lo tanto no vale la pena capacitarlo. Pienso que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tiene el conocimiento suficiente para no insistir en una experiencia que fue nefasta desde todo punto de vista, que no sirvió para nada y que nunca creó empleo. Ahora bien, la gran pregunta acá en la Argentina es ¿hay que reformar las leyes de trabajo o no? Yo creo que hay que reformarlas. En el mundo que vivimos, la legislación básica actual data de los años setenta...

Pero no se puede calificarlas únicamente por la antigüedad de las normas.
Claro. Pero lo que no se puede es reformarlas para quitarles derechos a los trabajadores. Yo he defendido desde hace muchos años la idea de crear una Ley de Contrato de Trabajo para las PYMES, pero una ley de verdad, no como un intento que tuvieron las leyes de los 90, que en realidad fue simple cosmética. Hay que cuidar que los derechos básicos estén reconocidos igual, pero con una mayor sencillez. El Estado gasta cantidades fabulosas en subsidios. Una alternativa sería que, si se van a bajar las contribuciones patronales para incentivar el empleo, fueran compensadas con un aporte del Estado para que el trabajador no se perjudique en el caso de que necesite una prestación de la seguridad social, por ejemplo, que no siempre es la jubilatoria, porque la jubilación por invalidez puede aparecer en cualquier momento. Hay que modernizar las instituciones. Y en algunos casos en el sentido contrario de que todos esperan. Por ejemplo: la Ley de Contrato de Trabajo prevé un régimen de cobertura de indemnización, cobertura del despido, con una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad y un pre aviso de entre uno y dos meses. Esto era lógico en los años ‘70 del siglo pasado, cuando había casi pleno empleo. Hoy habría que pensar en una indemnización más importante, más severa.

¿Considera que el proyecto impulsado por el gobierno será aprobado?
Lo que creo es que ninguno de los ministerios del gobierno está en condiciones de hacer esta reforma por sí misma. Habría que formar una Comisión para escuchar a todo el mundo, y en especial a los especialistas. No solo para obtener consenso político sino también lograr consenso técnico. En todo el mundo el trabajo escasea. Hay que buscar la manera de compatibilizar las protecciones e incentivar la creación de nuevos empleos.

En los años 2000 se hizo una ley de flexibilización laboral, estando el Ministro Flamarique…
Sí, es la Ley 25.250, que seguía los modelos de los ‘90. Un poquito más prolija. Pero como el Estado en los ‘90 estaba ausente, se utilizó esa Ley fraudulentamente, porque cambiaban trabajadores estables por trabajadores inestables, y eso es fraude. Eso es uso abusivo del derecho. En los ‘90, el Ministerio de Trabajo publicaba avisos en donde asesoraban a los empresarios para crear nuevos contratos flexibles. Una vergüenza. Al menos, el Ministerio de Trabajo debe ser cuanto menos neutral. En rigor, es un Ministerio pensado para la defensa del trabajador y del orden público laboral. El tema de la inspección del trabajo clandestino es un tema que en Argentina nunca se trabajó suficientemente.

¿Se refiere al trabajo llamado “en negro”?
Sí, que se combate con inspección, no con multas. Por citar un caso: la famosa Avenida Avellaneda, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, es el paraíso del trabajo en negro, informal, casi esclavo, a la vista de todo el mundo.

Y hoy todo sigue igual…
Por supuesto. Dado que en este país siempre pensamos que “acá nunca pasa nada”. Pero si sacamos el Ministerio de Trabajo a la calle, a hacer actas, a clausurar talleres, comercios… la cosa cambia. Es una cuestión cultural. Imagínese lo que se lograría si usted bajara un ejército de inspectores de un camión o un colectivo, que salieran a recorrer y comenzaran a inspeccionar ante las cámaras de televisión. El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada creó, pero no funcionó, un registro de empleadores esclavizantes reincidentes. El trabajo clandestino se arregla con inspección. Los Tribunales del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires están al borde de la parálisis. Yo he hecho estimaciones que seguirán así entre 2 y 5 años más. Durante ese tiempo van a quedar paralizados, porque la cantidad de pleitos que entran diariamente hacen imposible una buena gestión judicial. Hoy los tribunales están colapsados y por eso luego viene la parálisis. El tema de la litigiosidad hay que tomarlo en serio. A la viuda de un trabajador muerto le tardan 5 años para dictar sentencia.

¿Este cambio se puede relacionar con lo que el presidente Macri llamó “la industria del juicio”?
Yo no creo que haya una “industria” en ese sentido. O la hay en doble sentido. También los empresarios generan esa “industria” porque despiden y no pagan. La culpa es de todos, incluso de nosotros, los jueces. Hoy las litigiosidades exceden la capacidad de los 80 juzgados de Primera Instancia. Para superar esta crisis habría que crear 200 juzgados, y no hay candidato presidencial que haya planteado la posibilidad de crear esa cantidad de Juzgados. Esto no tiene solución. Aquí, en la Cámara de Apelaciones, entran aproximadamente 500 expedientes por mes. Además, a eso hay que sumarle que no están los cargos nombrados. Este Gobierno lleva dos años en el poder y no cubrió todas las vacantes que debiera haber cubierto…

¿Por desidia, Sr. Juez?
Hay mucho desinterés de los gobiernos por la justicia. Yo llevo 40 años en la Justicia y nunca vi a un gobierno que le importe el Poder Judicial, especializado en el Trabajo. A los políticos y los funcionarios los únicos juzgados que les importan son los de Comodoro Py, que resuelven casos penales federales, que les afectan, eventualmente, a ellos.

¿Cómo se atraen más inversiones en este marco?
El incentivo para las inversiones tiene que pasar por la seguridad jurídica y por la política tributaria. Yo no creo que una empresa extranjera no invierta en el país por la carga laboral actual. Puede ser un elemento más, pero una gran empresa no se fija solamente en eso. El problema son las Pymes que tienen mucho miedo de tomar empleados en blanco.

¿El problema es que cada político tiene su agenda, Dr. Maza?
Yo creo que es un problema cultural. La historia de la Argentina está cruzada por una cultura autoritaria, aun los más democráticos. Es muy extraño. Incluso en los ‘90 se pagaron sumas siderales a “especialistas sin pergaminos” para que opinaran, pagados con financiamiento del Banco Mundial. Algo absurdo, porque se incrementaba la deuda externa. Esperemos que ahora haya diálogo y que se recurra a las universidades nacionales, porque en ellas se encuentran moderados de derecha e izquierda en lo político, pero en cuanto a lo estrictamente técnico las diferencias se achican. Por razones históricas Argentina tiene conductas autoritarias que hay que ir desmalezando. El autoritario no puede ser humilde.

¿Qué opinión le merece el ministro de Justicia Germán Garavano?
Es un hombre democrático, abierto, mesurado, medido, es muy prudente y tengo mucha confianza en él. Tiene mucha experiencia y está dispuesto a escuchar y dialogar. ¤