Un pesimista es un optimista bien informado

Esta frase del dibujante y humorista español contemporáneo Antonio Mingote resume descarnadamente lo que le sucede a cada compatriota que se detiene a pensar lo que día a día sucede en nuestra querida Argentina. Porque cuando se descubren las conexiones (causas y efectos) de los hechos, la realidad que se revela es muy dura. Realmente aterradora. Porque todo indica que, de no producirse cambios radicales, el país en su conjunto avanza sin prisa ni pausa… hacia el abismo. Hacia la ley de la selva.

Algunos ejemplos:
El 18 de julio pasado se cumplieron 16 años del atentado a la AMIA-DAIA-IWO (las tres instituciones que funcionaban en el edificio de Pasteur 633). Este atentado, el más sangriento de la historia argentina, provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. En una emotiva ceremonia llevada a cabo en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires, la DAIA reunió a dos sobrevivientes de los atentados de las Torres Gemelas (Estados Unidos), de Atocha (España), de la Embajada de Israel y de la AMIA (Argentina).
La primera gran diferencia que se pudo percibir en ese acto fue que tanto en los Estados Unidos como en España se identificaron y/o detuvieron a varios de los autores materiales o intelectuales de estos hechos aberrantes. En la Argentina, en cambio, la investigación no prosperó ni un milímetro.
Este dato demuestra la absoluta incapacidad de las instituciones nacionales encargadas de investigar y administrar justicia (en todos sus niveles).
Pero a partir de este hecho se pueden descubrir conexiones que exponen descarnadamente el altísimo nivel de indefensión que padecen los argentinos, muchas veces sin saberlo.
Durante la investigación del atentado a la AMIA, el juez Galeano ordenó que se realizaran gran cantidad de escuchas telefónicas a policías de la Provincia de Buenos Aires por su presunta relación con los organizadores del atentado. A tal efecto, se grabaron horas y horas de conversaciones de casi una veintena de oficiales y suboficiales operativos, de calle. Es decir, de las personas que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires supuestamente capacitó para proteger las vidas y bienes de los ciudadanos. Curiosamente, en ninguna de las conversaciones adjuntadas a la causa judicial los policías hablaron de investigaciones de casos criminales. Ni una sola vez conversaron de lo que se supone debería ser su trabajo. Todas las llamadas que se registraron estuvieron relacionadas con extorsiones a delincuentes o a inocentes. Los hechos demuestran que estos policías se dedicaban full time a la recaudación de dinero.
Mientras todos los ciudadanos temían sufrir asaltos violentos con peligro de muerte, los policías, es decir los encargados de evitar estos hechos, se dedicaban a otra cosa: a obtener dinero de la forma que fuese.
Hace pocos meses la ministra de la Corte Suprema de Justicia Argentina, Dra. Carmen Argibay, expresó: “Si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva, cada cual hace justicia por mano propia”.
El pasado 20 de julio, un colectivo se desvió de su camino reglamentario y atropelló a una familia en la esquina de Scalabrini Ortiz y Honduras. Como consecuencia de la imprudencia del conductor de la línea 15, que cruzó con el semáforo en rojo, murió un nene de cinco años y tanto su madre como su hermanito de cuatro meses quedaron heridos de gravedad. Esta muerte, sucedida en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, horrorizó a los medios de comunicación y a toda la sociedad. De pronto empezaron a revelarse estadísticas aterradoras. Que el 85% de los conductores de colectivos manejan con sueño, que cumplen agotadoras jornadas de manejo, que son responsables del 30% de los accidentes viales, que un enorme porcentaje cruza con luz roja, que no cumplen con las leyes de tránsito, etc. etc. Es decir, que pareciera que nadie controla a los millares de colectivos que día a día transportan a millones de personas.
Y sí, sin dudas esto es así. ¿Razones? La Secretaría de Transportes se dedica a otra cosa, quizás a lo mismo que los policías del caso AMIA.
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está siendo procesado por presunto enriquecimiento ilícito durante los seis años en los que fue funcionario. Por lo pronto, se demostró que un directivo de una de las empresas que Jaime debía controlar pagaba el alquiler de más de 1000 dólares mensuales del piso ubicado en la Avenida Libertador, cerca de Retiro, donde el funcionario vivía con su familia.
Es decir, que una vez más, la persona que debía velar por el buen funcionamiento del transporte público se dedicaba a otra cosa, porque Jaime volaba semanalmente a Córdoba o Brasil gracias al aporte de los dueños de las empresas que tenía que observar.
Evidentemente, estos casos aislados son la punta de un iceberg y demuestran que, sin dudas, un pesimista es un optimista bien informado. Por lo menos en la Argentina.©