A comienzos de 1811 tres partidos se disputaban el poder:
1- Los morenistas, que deseaban retomar el poder que habían perdido con la incorporación de los diputados provinciales a la Junta. Su oposición se concentró en la Sociedad Patriótica.
2- Los Saavedrista,s que contaban con casi la totalidad de las fuerzas militares y con el elemento humilde de los suburbios.
3- Los Provincianos que encabezados por el Deán Funes sostenían que la Junta Grande estaba sujeta al predominio centralista de Buenos Aires y en consecuencia no representaba a la voluntad de todos los pueblos de la campaña.
Este año 1811 marcaría el comienzo de la crisis del gobierno revolucionario, debido, por un lado, al poco éxito de las campañas militares y por el otro por las disidencias internas.
El bloqueo de Buenos Aires dispuesto por Elío y la derrota de la pequeña escuadra patriota en San Nicolás acrecentaban los rumores alarmantes y la delicada situación del gobierno que no ignoraba que se sentaba sobre un volcán.
Debido a la creciente actividad de los opositores, la Junta Grande creó el 21 de enero la Comisión de Seguridad Pública que debía vigilar la conducta de los que formasen agrupaciones nocturnas o secretas.
A mediados de marzo de 1811 los morenistas -minoría intelectual- decidieron reanimar el espíritu amortiguado de la Revolución e ilustrar al pueblo sobre la necesidad de un cambio en la dirección gubernativa.
Con este propósito formaron un centro que llamaron Sociedad Patriótica.
Se reunían en el café de Marcos, frente a la Iglesia de San Ignacio, y adoptaron como distintivo cintas celestes y blancas.
Los integrantes de esta Sociedad -de acentuado porteñismo- solo contaban con el apoyo de dos jefes militares: Domingo French, comandante del regimiento La Estrella, y Florencio Terrada, que dirigía los granaderos de Fernando VII. Seguían la orientación morenista el Dr. Pedro Agrelo, quien utilizaba las páginas de La Gaceta para la propaganda política y Julián Álvarez, dirigente de una logia con rituales masónicos.
Un nuevo incidente debilitó la opinión del Gobierno y acrecentó la influencia morenista. El 21 de marzo de 1811, la Junta Grande dictó un decreto por el cual expulsaba de Buenos Aires a todos los españoles solteros acusados de conspiración en connivencia con las autoridades de la Banda Oriental y del Alto Perú.
El Cabildo expresó públicamente su desaprobación e idéntica actitud asumió el partido morenista, que ante lo exagerado de la medida, elevó un petitorio solicitando la derogación del decreto, forzando a la Junta a volver atrás.
En estos momentos es que se produce el estallido del motín que también es conocido como “Movimiento o Revolución de los Orilleros” o la “Revolución Quintisexta”. El 5 y 6 de abril de 1811 ocurrió el primer intento de revolución contra las autoridades constituidas -no españolas- que marca el comienzo de las luchas internas.
En la noche del 5 de abril grupos procedentes de los suburbios de Buenos Aires -chacras y quintas- se reunieron en los corrales de Miserere acaudillados por Tomás Griguera, conocido como “el alcalde de las quintas” y partidario de la facción Saavedrista.
Era evidente que los hombres de poncho y chiripá se agrupaban para enfrentar a los de capa y casaca.
La compacta multitud llegó a la Plaza de La Victoria en la madrugada del día 6, protegida por los sables de las fuerzas militares.
En estos momentos, Saavedra se hallaba en el fuerte con miembros del gobierno a la espera de los acontecimientos. Por su parte, el Cabildo también se encontraba reunido.
Una comisión encabezada por el Dr. Joaquín Campana se adelantó hacia el Cabildo e hizo entrega de un largo memorial con varias peticiones, firmado por numerosos alcaldes de barrio y jefes militares. El escrito -que debía ser elevado a la Junta- constaba que el pueblo no se retiraría del lugar que ocupa hasta que quedaran satisfechos sus votos de la manera que pretende.
En síntesis, pedían:
1- la expulsión de todos los europeos de cualquier clase o condición que no hubiesen adherido públicamente al gobierno, y debía investigarse la actuación de los indicados como sospechosos.
2- separar como miembros de la Junta Grande a Nicolás Rodríguez Peña, a Hipólito Vieytes, a Miguel de Azcuénaga y a Juan Larrea, a los que se acusaba de estar comprometidos con facciones políticas. En su reemplazo debían ocupar las vacantes Feliciano Chiclana -estaba en el interior y no aceptó- Atanasio Gutiérrez, Juan de Alagón y Joaquín Campana, éste último como secretario.
En la novena petición se exigía que Saavedra volviera a ocupar el cargo de Comandante General de armas, por la suma confianza que se merece.
Manuel Belgrano debía comparecer ante el gobierno para informar sobre la derrota sufrida con las tropas que mandaron al Paraguay. Belgrano recibió la comunicación cuando marchaba para auxiliar a los patriotas de la Banda Oriental, entregó el mando a Rondeau y regresó a Buenos Aires.
Abierto el proceso, defendió su correcto proceder con estas palabras "Fío mi defensa en la correspondencia que he tenido con V.E. (la Junta), la dejo a las declaraciones de cuanto han presenciado mi conducta, sean los que fueron castigados o no por mí; tal es la confianza que tengo de haber procedido según mis obligaciones”.
También se exigía la expatriación de French, Berutti y otros miembros de la Sociedad Patriótica y estable, cimiento de un tribunal de Seguridad Pública para vigilar la tranquilidad pública. Exceptuando la concentración del poder en Saavedra, la Junta Grande aceptó todo lo demás.
Es notable destacar que nadie reconoció ser el cabecilla del movimiento.
Saavedra dejó escrito en sus Memorias que la Asonada se hizo “sin mi noticia y conocimiento”. Funes, por su parte, a través de La Gaceta dijo que todo se debió a hombres fanáticos que luchaban por una furiosa democracia. A su vez, en su libro “Ensayo de la historia Civil”, estableció que un sacudimiento volcánico en que el gobierno no tuvo el menor influjo causó la revolución.
Pero el triunfo correspondió a los saavedristas y provincianos y en consecuencia los morenistas fueron desplazados, aunque por poco tiempo.
Desde el mes de enero funcionaba una Comisión de Seguridad Pública dependiente de la Junta Grande. Después del movimiento se creó un organismo con mayores atribuciones: el Tribunal de Seguridad Pública. Se ocupó de castigar a los adversarios del gobierno disponiendo el confinamiento por medio de sumarios y procesos. Lo integraban los siguientes jueces: Atanasio Gutiérrez, Pedro Aguirre, José De Rocha, el Dr. Seguí, y Juan B. Bustos, quien el 1º de julio de 1811 ordenó la confinación de Bernardino Rivadavia en Salto, acusado de su positiva oposición al sistema de gobierno.
El día 8 se instituyó el Tribunal de Seguridad Pública bajo la presidencia de Atanasio Achavarrúa. Ese mismo día, encabezado por Medrano, se inició el proceso contra los partidarios del partido caído. Entre los días 9, 10 y 11 fueron detenidas en los cuarteles más de cien ciudadanos.
El 9 de abril se envió una circular a los cabildos del interior comunicando lo sucedido y afirmando, entre otros conceptos, que el 6 de abril “no será para Buenos Aires menos glorioso que el 12 de agosto, 5 de julio y 25 de mayo”.
El 12 de abril Grigera fue nombrado Alcalde Mayor. La Asamblea citada por el Cabildo y a la que también se había invitado a los firmantes del petitorio se efectuó el día 13.
El día 15 se publicó un número extraordinario de La Gaceta. Allí se calificaba a los morenistas con los epítetos de fanáticos, frenéticos, demócratas furiosos, desorganizadores, inmorales, hambrientos de sangre y de pillaje, infames, traidores, facciosos, almas bajas, cínicos, revoltosos, insurgentes, hidras ponzoñosas y corruptores del pueblo.
Concluido el movimiento con todo éxito, el gobierno buscó asegurarse que la movilización organizada de los orilleros no se transformara en una amenaza, empezando por restarles poder a los alcaldes de barrio y reduciendo sus cargos de vitalicios a anuales. ©