Defensor del Pueblo de la Nación
"La gente confía en la fuerza del reclamo colectivo”
Nacido en la ciudad de Córdoba, a donde piensa regresar una vez que finalice su mandato con la intención de convertirse en gobernador, Eduardo Mondino supo ser el Administrador de la Regional Centro de la Empresa Gas del Estado cuando ésta era aún estatal. Hoy la empresa está privatizada y Mondino es el Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que en las últimas semanas, entre otras cosas, ha canalizado los numerosos reclamos de los usuarios contra los tarifazos y abusos que reportan.
Diplomado de Periodista Profesional en el Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria de la ciudad de Córdoba, Mondino fue secretario de Estado de Acción Social de la Nación (1992 - 1993) y luego diputado Nacional por la Provincia de Córdoba, hasta que en diciembre del '99 el Congreso le confía su lugar al frente de la Defensoría. Su cargo le permite "realizar investigaciones conducentes al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública y sus agentes", realizar inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, etc; o sea, "meter las narices" en algunos lugares que pueden resultar complicados a nivel político...
Nosotros decidimos conversar con él luego de que su oficina cobrara una gran exposición mediática gracias a su intervención en algunos de los casos más controversiales a nivel político de los últimos meses, y de paso aclarar qué hace el funcionario cuyo puesto lleva un nombre tan enigmático para los tiempos que corren.
Si bien el cargo del Defensor ha sido instituido hace ya más de 15 años en Argentina, da la sensación de que cobró mayor importancia o reconocimiento popular recién durante los últimos años, ¿no es así?
Sí, es que en la Argentina estamos viviendo el primer cuarto de siglo democrático y creo que la institución del Defensor del Pueblo -como toda institución democrática- se va consolidando a través del tiempo, a medida que va ganando credibilidad entre la gente. Por eso es que año a año vamos teniendo mayor reconocimiento popular. A la vez que desde que asumí el puesto de Defensor del Pueblo (en diciembre de 1999) hemos llevado a cabo una política de puertas abiertas de la institución, cubriendo mediante oficinas en el interior del país la mayoría de los problemas que aquejan a la gente. En los últimos años se han ido perfilando aquellos temas que marcaron la impronta de gestión de nuestra Defensoría: medio ambiente, jubilados,
minoridad, servicios públicos y eso nos ha acercado mucho a la ciudadanía.
El cargo tiene raíces en culturas antiguas como la Griega, y un poco más acá en el tiempo creo que fue reflotado por los países nórdicos (de hecho el término "Ombudsman" es el que se usa en Suecia). ¿Por qué un sistema republicano moderno, con todos sus organismos judiciales, de derechos humanos, de control, necesita un ombudsman?
Creo que cada estamento cumple funciones diferentes. El Defensor del Pueblo tiene como tarea fundamental actuar ante todas las disfuncionalidades de la Administración Pública que lesionen los derechos básicos del ciudadano. El Ombudsman, por ejemplo, no tiene poder de sentencia, no es un juez, es un mediador, una forma de llegar a un acuerdo entre partes sin realizar un litigio judicial. Es más, nuestra institución ha participado, como querellante, ante medidas gubernamentales que lesionan los derechos ciudadanos. Los Órganos de Control, por su parte, tienen una tarea acotada sólo a cierto tipo de servicios y muchas veces nuestra institución debe actuar ante la falta de respuesta de los mismos al reclamo de la gente. La estructura del Ombudsman nacional contempla la cobertura de áreas temáticas relacionadas con derechos humanos, derecho a la identidad, problemática de la niñez, adolescencia, salud, acción social, medio ambiente, educación, cultura, derechos económicos, del consumidor, del trabajo y la seguridad social, entre otros. Es decir, un amplio espectro de temas centralizados en un solo órgano.
Si bien el suyo no es un cargo partidario, sí se puede decir que es político desde el punto de vista que tiene que ser elegido por al menos las dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras del Congreso. ¿Con qué apoyo contó usted a la hora de ser elegido (y posteriormente reelegido)?
En las dos ocasiones fui propuesto por la mayoría de los bloques partidarios que forman el Congreso Nacional; de hecho, trabajamos día a día con temas que nos acercan diversos legisladores nacionales, provinciales o comunales y a su vez hemos enviado al Congreso varios proyectos de ley que vienen a enmendar derechos que han sido lesionados.
¿Su candidatura fue impulsada, o al menos particularmente apoyada, por algún sector político?
Desde que asumí el cargo de Defensor del Pueblo he dejado de ejercer cualquier cargo político partidario y de militar políticamente. Yo vengo de extracción justicialista y he sido legislador por el Partido Justicialista, pero hoy el cargo que represento está más allá de cualquier partido político. Es un honor ejercerlo y voy a mantenerme al margen de los vaivenes políticos hasta que me retire.
Para alguien que no tiene formación en el tema se hace un poco confusa la función específica del Defensor del Pueblo en términos de estructura institucional. ¿Por qué alguien acude al Defensor en lugar de presentarse directamente frente a un juez, ya sea por su cuenta o a través de un abogado?
Es que muchas veces, como dije antes, la gente quiere evitar la judicialización de un caso, porque a veces los trámites duran años y además, litigar contra el Estado no es una tarea fácil. La gente confía en la mediación del Defensor del Pueblo y en la fuerza que un reclamo colectivo puede ejercer ante lo que significa un reclamo aislado.
Explique cuáles son las diferencia más básicas entre los alcances en las funciones del Defensor y los de un fiscal, o de un funcionario de la Sindicatura General de la Nación o de Defensa al Consumidor, por ejemplo.
A ver, vamos por partes. Con el fiscal hay una diferencia simple, ya que un fiscal ejerce su oficio desde el ámbito del Poder Judicial y yo desde el ámbito Legislativo como mediador de conflictos administrativos, recibiendo quejas de la gente contra la mala administración del Estado. La Sindicatura General de la Nación, por su parte, es un mecanismo de auditoría interna dentro del propio organismo del Estado. La Secretaría de Defensa del Consumidor es una rama más del Estado, y además tenga en cuenta que nuestras áreas de trabajo van más allá del derecho de los consumidores, es más amplia. Así que esas son las diferencias más elementales.
¿Qué significa que, tal como se declara en el Art. 86 de la Constitución Nacional, el Defensor tiene "legitimación procesal"?
La Constitución faculta al Defensor del Pueblo de la Nación a tutelar judicialmente a los usuarios y consumidores, y agrega que también puede hacerlo para defender derechos de incidencia colectiva en general. A esto se le llama "legitimación procesal", que es la capacidad que tiene el Defensor para acudir a la justicia cuando considera lesionados los derechos de las personas. En este sentido nosotros llevamos varias demandas judiciales por temas como los trenes, los aumentos de tarifas, la movilidad jubilatoria, y la contaminación del Riachuelo, entre otros.
En un país en donde la división de poderes es bastante endeble y los representantes en el Congreso están sumamente subordinados a sus partidos, me imagino que encuentra una resistencia muy fuerte por parte de los legisladores cuando se trata de prestar colaboración en asuntos que involucren a algún asunto sensible dentro de la administración pública o a grandes negocios entre compañías privadas y los máximos dirigentes del gobierno de turno, ¿es así?
...Prefiero no opinar del tema. Por mi parte, siempre estoy predispuesto a hablar con todos los sectores políticos.
A manera de ejemplo, ¿cuáles han sido los casos de más notoriedad, los de mayor repercusión en los que ha actuado durante los últimos meses? Seguramente el llamado "conflicto con el campo" ha sido uno.
Sí, durante el conflicto del campo intervinimos ante el pedido de una de las partes que solicitó nuestra mediación porque consideraba que sus reclamos no habían sido escuchados. Lamentablemente, el Gobierno no aceptó sentarse a la mesa de diálogo y siguió el conflicto hasta las últimas consecuencias. Pero si tenemos que hablar de temas que se generaron desde esta institución, últimamente hubo dos cuestiones básicas que se consolidaron a fines del año pasado: una fue la de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La sentencia en torno al Riachuelo ha sentado un enorme precedente y un posicionamiento de la Defensoría a nivel de jurisprudencia reconocido por la Corte, marcando un antes y un después. La Corte le asignó al Ombudsman nacional la misión de controlar la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Mantanza-Riachuelo, y coordinar el Cuerpo Colegiado que integran cinco organizaciones no gubernamentales. El otro tema fuerte ha sido y sigue siendo nuestra pelea para el reconocimiento de la movilidad jubilatoria, aguardando un pronunciamiento de
la Corte Suprema que todavía no se produjo. Nosotros esperamos una respuesta favorable al pedido de igualar a todo el colectivo de jubilados en el fallo que reajusta los haberes de nuestros mayores.
En las últimas semanas ha presentado pedidos de suspensión a los aumentos del transporte urbano e incluso una medida cautelar para suspender las subas en las tarifas de electricidad, ambos temas que han causado un gran malestar en la población y mucha repercusión en los medios. Sin embargo, los aumentos ya se aplican en ambos casos. ¿Estos reclamos han sido archivados o aún existen trámites judiciales que puedan llegar a revertirlos?
Nosotros desde la Defensoría hemos presentado sendas demandas ante la Justicia por la cuestión de los "tarifazos", particularmente los de electricidad y gas. Nos oponemos a la arbitrariedad con que se toman decisiones en materia de tarifas, contrariando principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitución Nacional. Estos reclamos están en la Justicia, que aún no ha definido su posición, pero sí nos han hecho lugar a una medida cautelar para que la Justicia impida a las empresas cortarle la luz a quienes no pagan las facturas con aumentos.
¿Cuál es el proceso para presentar una queja ante el Defensor?
Es muy simple: hay que presentar una queja por escrito donde se detalle la problemática que lo afecta, con firma y número de documentación. En algunos casos se reciben denuncias vía E-mail, pero luego se le hace llegar al domicilio del denunciante un formulario que debe firmar para que quede asentada la queja. También tenemos atención telefónica donde se orienta a la ciudadanía acerca de los pasos a seguir. Por cada queja recibida se inicia lo que llamamos una actuación administrativa que lleva su número de folio y con el que la persona debe hacer el seguimiento del trámite.
De acuerdo a la Constitución, este es su último mandato como Defensor. ¿Tiene pensado postularse para algun cargo político una vez que deje sus funciones?
Sí, claro; a partir de diciembre próximo, cuando deje el cargo como Defensor, tengo decidido recorrer Córdoba, mi provincia, con la intención de ser una de las alternativas que los cordobeses tengan para gobernar la provincia a partir del año 2011. Durante estos años, el ejercicio de esta responsabilidad al frente de la Defensoría me ha dado muchos elementos de conocimiento y comprensión. Tal vez el más sustancial haya sido el de darme la posibilidad de tener una mirada sin trincheras, una mirada mucho más objetiva y abarcadora de los diferentes problemas. Además me permitió construir un equipo, tener una radiografía del Estado y ver, más allá de los intereses partidarios o ideológicos, cuál es la verdadera problemática de la gente. Hemos podido acceder a una visión mucho más amplia de las problemáticas que tiene el ciudadano de hoy y por lo tanto, de lo que requiere un Estado moderno para satisfacerlo. Así que tengo la intención de poner a consideración de los cordobeses en 2011 todo este bagaje y, si así lo consideran, gobernar la provincia que me vio nacer. ©