La Entrevista del Mes: Victor de Gennaro

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
“Hoy las palabras están muy vacías, pero las acciones son las que le dan contenido”
"El artículo 41, inciso a, (...) viola el derecho a la libertad de asociación sindical amparado tanto por el artículo 14 bis de la Constitución nacional como por las normas de raigambre internacional de las que se ha hecho mérito, en la medida en que exige que los delegados de personal y los integrantes de las comisiones internas y organismos similares previstos en el artículo 40 deban estar afiliados a las respectiva asociación sindical con personaría gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta".

El contenido de este párrafo, extraído de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta demasiado ameno para el lector sin formación legal, pero sin embargo podría cambiar el mapa sindical y político de la Argentina. En primer lugar, este dictamen de la Corte significó un cachetazo para el mismo Gobierno K que en los comienzos de la era Néstor promovió a la mayoría de los prestigiosos miembros del máximo Tribunal de Justicia del país. Como no podía ser de otra manera, también le puso los pelos de punta a los popes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes vislumbran ahora perder la influencia de la que gozan por ser los “representantes oficiales” de los trabajadores argentinos, y temen hoy que los fondos para terminar el quincho en sus estancias comiencen a mermar.
Básicamente, el fallo confirma que no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial para poder ser elegido como delegado sindical. Como veremos más adelante, el término “Personería gremial” es clave para entender los alcances de la resolución de la Corte. Además, al declarar anti-constitucional al artículo 41 que se menciona en el párrafo que abre esta nota, el dictamen allana el camino para crear también más de un sindicato por cada rama de trabajo y hasta más de una central sindical con todas las garantías de la ley.
Para analizar las implicancias de este fallo hablamos con Víctor De Gennaro, secretario de Relaciones Institucionales y miembro de la Mesa Nacional de la CTA, la “otra” central obrera argentina, que a partir de ahora podría llegar a sacudir la estructura burocrática enquistada en la CGT de Hugo Moyano y compañía.

Antes de referirnos al reciente fallo de la Corte, que es en realidad lo que ha motivado esta conversación, deberíamos aclarar primero un par de puntos como para que la gente por acá entienda su trascendencia. Por eso nos gustaría comenzar remarcando las diferencias básicas entre la CTA que usted representa y la CGT, la otra central sindical.
A ver, en la Argentina había una tradición de unidad sindical orgánica, pero después de lo que pasó en la década del 90 se produce un cambio de estructura en la clase trabajadora. La mayoría pasa a ser trabajador precario, en negro, sin coberturas... De una sociedad que gozaba casi de pleno empleo pasamos a tener una situación muy grave, y por lo tanto los modelos sindicales entraron en crisis producto de esto. La CGT tiene un estatuto que afilia sindicatos y estos son de los trabajadores permanentes, es decir, de una minoría dentro de la nueva clase trabajadora. Nosotros cambiamos el estatuto y empezamos con la afiliación directa del trabajador, tenga trabajo estable o precario, sea estatal o privado o lo que sea. También promovimos la elección directa de autoridades en todos los órdenes y también declaramos la autonomía del Gobierno, de los patrones y de los partidos políticos. Somos un sindicalismo comprometido y con propuestas políticas que hacen al país, pero no dependemos de ningún partido político, de ningún Gobierno ni de ningún patrón. Estos son los tres pilares que construyen la CTA y que la diferencian de la CGT.
¿Qué es en concreto la personería gremial? ¿Para qué sirve?
La personería gremial es una atribución que el Ministerio de Trabajo le otorga a unos y no a otros. La personería te permite firmar convenios colectivos, elegir delegados, tutela sindical, cobrar la cuota... En realidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que el sindicato más representativo puede firmar el convenio; las otras garantías también deberían ser para un sindicato que está en formación, o que pueda representar otra idea para que haya libertad en el sector de trabajo. En Argentina, esto no estaba garantizado, y lo que se hacía era garantizar un “unicato” que terminaba por favorecer a la profundización de una política contra los derechos laborales que llevaban a cabo los sectores empresariales.
Hablemos ahora del fallo de la Corte que dictamina que no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial para ser delegado de un sector de los trabajadores. ¿Qué significado concreto tiene esto para el movimiento sindical argentino?
Fijate algo muy concreto: en los últimos años hubo cientos de militantes sindicales despedidos por tratar de organizar sindicatos. Ahora los podríamos defender. A la juventud, sobre todo, le significa una forma de defender sus derechos; el trabajador joven de hoy está en una situación absolutamente precaria, no tiene derechos previsionales, de convenciones dignas, etc. Ahora estos jóvenes –repositores externos de supermercados, motosierristas del monte, los motoqueros que hacen deliveries- todos se pueden organizar sindicalmente de una manera directa. Ahora, antes que nada hay que aclarar que el fallo de la corte no dice que hay que afiliarse a la CTA y no a la CGT, o que ahora nosotros somos los buenos y ellos los malos. Lo que dice, y por eso es tan extraordinario, es que los trabajadores tenemos derechos a elegir delegados, no importa si pertenecen a una organización con personería gremial o no. Iguala los derechos de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional y la Organización Internacional del Trabajo y viene a reparar un bache en esta democracia recuperada hace 25 años.
A pesar de que Néstor Kirchner se presentó siempre como “progresista” –y de hecho algunas medidas como la renovación de la Corte Suprema o ciertos aspectos de la política de derechos humanos sí pueden considerarse como de corte progresista- desde un primer momento eligió negociar todos los temas relacionados a asuntos del trabajo con la CGT, y muy particularmente con Hugo Moyano, negándose siempre a los pedidos de la CTA de obtener la personería gremial. ¿Cuál es su análisis de esto?
En realidad el Gobierno siempre privilegió su alianza con los grupos empresarios concentrados y las trasnacionales, y por supuesto con la CGT. Tiene un criterio, no sólo con el sindicalismo, sino que es una política permanente y más amplia de construir poder así. Por eso, en política hay que ver lo que se hace, no lo que se dice. Hoy las palabras están muy vacías, pero las acciones son las que le dan contenido, como lo que acaba de hacer la Presidenta, que vetó una ley que había sido votada por unanimidad por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los senadores, para proteger los glaciares y sobre todo la riqueza del agua, de la explotación minera. Entonces, me parece que la verdadera concepción política surge de lo que se hace, no de lo que se dice.
Sin embargo, a partir de la decisión de la Corte, ¿podría el Gobierno seguir negándole la personería gremial a la CTA?
Bueno, lo único que tiene que hacer el Gobierno es poner un número de personería, porque en realidad la Corte Suprema con su dictamen ya nos dio todos los derechos y nosotros los podemos ejercer. Lo único que tienen que hacer es subordinarse a la Justicia. Pero eso es algo que no siempre pasa...

“No hay que asustarse de la democratización; al revés, hay que preocuparse cuando se gobierna por decreto, cuando se impone el unicato, en lugar de que las cosas salgan por consenso”

En términos de cantidad de afiliados ¿Cómo ha repercutido en la CTA el hecho de no contar con personería y cómo podría cambiar ahora?
En estos momentos, la CTA, sin haber sido reconocida por el Gobierno, cuenta con 1 millón 400 mil afiliados, algo así como la mitad de lo que tiene la CGT. Sin dudas, el fallo será un aliento muy grande que le va a permitir organizarse a todos aquellos trabajadores que quieran pelear por sus derechos. Asi se fortalecen las estructuras democráticas recuperadas después de la dictadura.
Quizás como un resabio de aquella larga tradición de la que hablaba usted al principio o a la basta presencia de algunos sindicalistas en los medios, uno tiende a pensar que los sectores del trabajo que cuentan con representación gremial en Argentina son una inmensa mayoría, cosa que no es así, ¿no?
Claro, y por eso esta medida viene a subsanar una situación que informó el Ministerio de Trabajo el año pasado: sólo un 12,7% de los establecimientos privados contaban con delegados sindicales. El 87% no tenía este derecho. A partir de ahora, es legal hacerlo, y depende de nosotros y de la consciencia de los trabajadores que lo consigamos o no.
Algunos allegados a Moyano expresaron que este fallo no hubiese salido sin el aval de los Kirchner. Y esto me genera un par de preguntas: primero, ¿está de acuerdo con que la Corte necesitaba el apoyo del Ejecutivo?
¿...Eso dijeron?
Está en los diarios de hoy...
Bueno... primero es una sorpresa para mí que haya alguien que piense así. Si fuera cierto que la Corte recibe órdenes del Ejecutivo... me parece que estamos en una situación en la que no se respeta la división de poderes, y me parece que esta Corte tiene autonomía para hacer estas cosas. De hecho, me parece que más bien fue un cachetazo a la política sindical que el Gobierno estaba llevando adelante...
En realidad es una contradicción decir que el Gobierno ha presionado a la Corte para que saque un fallo que en definitiva los va a perjudicar...
Claro, es una contradicción, porque el fallo desnuda toda la batería de excusas que ponía el Gobierno del propio Kirchner durante los cuatro años de su presidencia y que siguió haciendo la actual Presidenta. La verdad es que me sorprende que se pueda decir algo así. No entiendo qué razones pueden tener para plantear una cuestión como esa.
Evidentemente les ha dolido...
¡Ah, que les ha dolido, les ha dolido! (Se ríe) De eso no hay ninguna duda, lo digan o no. Pero lo más importante es que lamento que a un dirigente sindical le preocupe que se fortalezca lo más importante del núcleo sindical, que es el trabajador y sus derechos.
Puntualmente ¿de qué manera afecta a la CGT este fallo?
Creo que hay una asociación de los grandes grupos económicos que no quieren delegados en sus sectores de trabajo para seguir profundizando el aumento de su rentabilidad en medio de esta crisis que nos la quieren hacer pagar a los trabajadores. Un segundo aliado es el Gobierno, que después de cinco años queda pasado por encima por la Corte Suprema, mostrando una mezquindad absoluta y una gran falta de vocación de abrir democráticamente la actividad sindical. Y tercero, la propia CGT; ahora Moyano está exigiendo que se mande a archivo el expediente, comprometiéndose a defender una estructura que tiene a dirigentes sindicales que no sólo viven como empresarios, sino que lo son, ya que tienen acciones en las AFJPs, en aseguradoras de riesgo de trabajo, en empresas privatizadas, etc. Este trípode es el que se está enfrentando a la decisión de la Corte y contra la voluntad de los trabajadores, porque nosotros desde hace años que venimos luchando por lo que hoy se legaliza.
¿Cree que esto podría iniciar un “enfriamiento” de las relaciones hasta hoy sumamente fluidas entre Moyano y el Gobierno?
En realidad no me parece que pase por estas cuestiones el enfriamiento o no de sus relaciones. Hasta ahora han defendido las mismas políticas y tanto unos como otros son parte del Partido Justicialista y de la misma conducción. Así que no creo... se podrían pelear por muchas otras cosas, pero no por esto.
¿Qué medidas deberían tomarse para preservar las fuentes de trabajo y el salario frente a la crisis financiera internacional?
Mirá, este 12 de diciembre marchamos desde todos los rincones del país a Plaza de Mayo, en donde nos encontramos con el Movimiento de los Chicos del Pueblo que conduce un amigazo nuestro que se llama Alberto Morlachetti y que vos conocés porque lo entrevistaste el mes pasado. Son gente que se ha organizado para recuperar su futuro, y con ellos nos vamos a abrazar y vamos a caminar juntos para exigir una asignación universal para todos los chicos, que va a servir para terminar con el hambre en la Argentina. Esa es la prioridad, porque el hambre, sobre todo en un país como el nuestro, es una inmoralidad. Después solicitamos aumento de emergencia para los jubilados, ya que el 70% de ellos cobran salarios que los ubica por debajo de la línea de pobreza. Y a partir de allí, hay que avanzar en la recuperación del trabajo, discutiendo la rentabilidad, e invirtiendo y subsidiando la demanda y no la oferta. No podemos seguir salvando la rentabilidad de las multinacionales que han tenido ganancias espectaculares en la última década. Hay que subvencionar la demanda, para hacer crecer el mercado interno. El Estado debe invertir en la construcción de viviendas populares, en el sistema de ferrocarril, en integrar el marcado a Latinoamérica... En Argentina sobra riqueza; ahora sólo hay que distribuirla. ©

En el Segundo Congreso Nacional de la CTA se destacó la importancia de contrarrestar el flujo informativo monopólico que ejercen los grandes grupos económicos para controlar la opinión pública y llevar adelante políticas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora en todo el mundo. Ahora, teniendo en cuenta que hoy los grandes medios de comunicación están en manos de esos mismos grupos económicos ¿Cuál sería la estrategia que propone la CTA para transformar esta situación?
Creo que hay varios aspectos: primero, hay que cambiar la Ley de Radiodifusión que tiene la firma de Videla, de Agosti y de Massera. Las leyes de Radiodifusión y la de Entidades Financieras son las dos que esencialmente nunca se han modificado, y esto marca a las claras que una está absolutamente ligada a la otra. El Gobierno no convocó a promulgar una nueva ley, sino que por el contrario, les prorrogó por otros 15 años a las empresas hegemónicas de comunicación todas las concesiones. ¡Y por decreto! Nosotros entonces hemos formado un movimiento de muchas organizaciones diferentes que propone una ley de 21 puntos que permita democratizar la comunicación. Nosotros estamos luchando por el cambio de la Ley de Radiodifusión. Segundo, debemos construir comunicación propia; tiene que haber una organización que democratice la comunicación, el pensamiento y la cultura. Es muy claro que lo que hace la comunicación hegemónica es aterrorizarnos, mostrar que es imposible cambiar el sistema y que no hay otra alternativa. Y esto no es así.