La Entrevista del Mes: Dr Martin Montero

Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción

“La argentina es una sociedad que vive desapegada a la ley”
“¡¿Qué Oficina?! ¡Si es para casos de corrupción, en Argentina deberíamos tener un edificio entero!”, despotricaba mi amigo Adolfo cuando le comenté que entrevistaríamos a uno de los directores de la Oficina Anticorrupción. Con menos ironía, quizás, y bastante más resignación, mal que mal este es el pensamiento de buena parte del pueblo argentino. Es que uno a veces se pone el traje del Discépolo más pesimista y tiene esa impresión; vivimos en una tierra devastada por la corrupción en el que las leyes nunca se cumplen y no hay país tan jodido como el nuestro. Y para peor, esto no cambia nunca. ¿Estamos en lo cierto o la agrandamos hasta el punto de que da la impresión que en Argentina ya no se puede vivir? Si es así, ¿Cómo es que un pueblo tan indignado por la corrupción termina siempre eligiendo representantes corruptos? Después de casi 17 años de carrera judicial –ingresó como meritorio en la Justicia Federal, llegó a ser secretario letrado de la Cámara Criminal y Correccional Federal por casi una década y luego secretario de Justicia de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia- el Dr. Martín A. Montero asumió hace ya casi dos años como Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción Argentina. Desde allí se encarga de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios en el área administrativa del Gobierno Federal y el debido uso de los recursos estatales. Es decir, investiga hechos de corrupción: trabajo nunca le va a faltar.
Recién llegado de un congreso internacional en Tailandia, Montero habla con nosotros para contarnos cómo se combate la corrupción dentro de la administración pública.
¿Nos puede delinear cuál es el área específica en la que actúa la Oficina Anticorrupción (O.A.) y cuáles son sus límites?
La competencia de la O.A. está acotada al ámbito de la Administración Pública Nacional; nosotros no intervenimos en casos que involucren a miembros del Poder Judicial ni a miembros del Ministerio Público ni del Poder Legislativo. Sólo a funcionarios de la administración pública, sea ésta centralizada o descentralizada, como empresas que tengan participación del Estado o incluso organizaciones privadas que reciban aportes del patrimonio estatal. Por eso, no somos un organismo abarcador de todos los ámbitos de los tres poderes de gobierno, sino sólo de su Administración Pública.
Supongo que entonces tampoco tienen influencia sobre los gobiernos provinciales, justo allí donde haría tanta falta un organismo que los controle...
No, tampoco; como Argentina es un país organizado bajo un sistema federal, tampoco intervenimos en casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos provinciales, gobernadores o ministros de gobierno provinciales, o intendentes municipales. Nosotros, sin embargo, recibimos un caudal importante de denuncias que hacen a hechos de corrupción en las provincias, que si bien no las investigamos tratamos de canalizarlas a través de los organismos de control de los poderes judiciales de las provincias.
Una vez investigada la denuncia y comprobado el posible delito de corrupción ¿Qué curso toma la causa?
Nosotros lo que hacemos en la investigación preliminar es recoger elementos suficientes como para formular una denuncia contundente ante los tribunales, con un sustrato probatorio importante. Luego intervenimos en todas las etapas del proceso: primero, en la instructoria, en la que solicitamos más pruebas, aportamos elementos de prueba al tribunal, requerimos la declaración indagatoria de los imputados, su procesamiento y cuando creemos que hay mérito solicitamos la elevación a juicio de la causa, y luego en la del juicio en sí, en donde actuamos impulsando la concreción de una sentencia condenatoria.
Disculpe mi ignorancia en materia judicial, pero me preguntaba si un integrante de la O.A. puede ser llamado a juicio como testigo a pesar de haber sido parte activa de la investigación.
En rigor de la verdad, sí podemos ser llamados como testigos; lo que pasa es que nosotros actuamos como si fuéramos un fiscal más en la causa. De hecho, tanto yo como Director como mis Coordinadores de investigación podemos ser llamados como testigos para ratificar una denuncia o para dar alguna explicación que el juez considere oportuna con respecto a alguna prueba que hemos presentado, pero en el juicio nosotros actuamos como si fuéramos un fiscal más.
El Artículo 9 del Decreto Nacional 102/99 establece que “La Oficina Anticorrupción estará compuesta por la Dirección de Investigaciones, cuya función principal será fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales...” De acuerdo a su experiencia ¿Cómo calificaría el manejo de los recursos del país por parte de los funcionarios públicos?
Nosotros venimos de una etapa en la que los niveles de corrupción han sido muy altos, sobre todo a partir de comienzos de los ‘90 cuando se hicieron transformaciones muy profundas en cuanto a la organización del Estado, cuando se privatizaron las empresas públicas. En muchos de estos procesos de privatización hubo importantes casos de corrupción, en la transferencia a manos privadas o en la concesión del uso de espacios o servicios públicos. Por eso hoy nosotros somos querellantes en un sinnúmero de causas; en la actualidad tenemos unas 85 causas muy importantes que involucran cifras millonarias. También en los últimos dos o tres años hemos tenido muchas denuncias de corrupción, básicamente por cuestiones que involucran a sectores como la Secretaría de Transportes y a las Fuerzas Armadas, entre otras.
El Artículo 10 menciona que “las Direcciones de Investigaciones y de Planificación de Políticas de Transparencia estarán a cargo de funcionarios que tendrán rango y jerarquía de Subsecretario, designados y removidos por el Presidente de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos”. La primera pregunta que a uno le viene a la mente es: ¿Qué tan viable es que un funcionario de menor jerarquía investigue a otro que tiene la facultad de echarlo?
Bueno, de hecho no hemos tenido conflictos en ese sentido. Pese a que ya tiene 7 años de antiguedad, los funcionarios de la Oficina han permanecido, a pesar de que se han dado importantes cambios en ese lapso y se han sucedido distintos presidentes y ministros de Justicia. Ha habido un recambio natural, porque algunos funcionarios que empezaron en la Oficina se han jubilado y otros se fueron a cargos de mayor jerarquía... Nosotros somos un organismo que depende estructuralmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Federal argentino, aunque no tenemos una dependencia jerárquica funcional del ministro, ya que él no interviene ni se involucra ni en las investigaciones preliminares ni luego en las actuaciones del juicio.
¿Qué casos investigó la O.A. en los que estuvieran implicados altos funcionarios del Gobierno o la Administración Pública?
Hemos investigado casos que involucran a ex- presidentes de la Nación, ministros...
¿Podría nombrarme a los más conocidos, a los de mayor rango?
Bueno, por ejemplo nosotros somos querellantes en causas contra el ex-presidente Carlos Menem por un posible ocultamiento de una cuenta bancaria en el extranjero y omitir maliciosamente eso en su declaración jurada, lo que constituye un delito regulado por el Código Penal de la Nación.
¿Algún funcionario alguna vez terminó preso luego de haber sido investigado por la Oficina Anticorrupción?
No, a lo largo de estos siete años, todavía no se han resuelto ninguno de los más de 80 casos importantes de los que le hablaba...
Y eso, me imagino, porque el sistema judicial argentino es obsoleto y los juicios se alargan indefinidamente...
Claro, el problema es ese, ya excede la estructura de la Oficina y es un problema muy serio del Poder Judicial, algo que hoy en la Argentina se está debatiendo. El proceso judicial es muy lento, la etapa de instrucción lleva años. La Oficina no puede sustraerse a ese avatar de lentitud. De todas maneras, muchos casos han prosperado o han llegado a juicio merced a la actuación de la Oficina. Ya sea porque hemos impulsado los juicios o porque hemos aportado pruebas fundamentales, con lo cual creo que el balance ha sido muy positivo. Además la Oficina es el punto focal, dentro de la Administración, de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que Argentina ratificó en 1995.
¿Qué área de la Administración Pública Nacional recibe más denuncias por corrupción?
Mire, no hay un área concreta. Hoy por hoy pareciera ser que el área más cuestionada es la que tiene que ver con la obra pública, pero no hay un sector mucho más comprometido. Otra de las áreas más conflictivas es la de los organismos que se crearon para control de las privatizaciones. Cuando se decidió comenzar con las privatizaciones, hubo que crear organismos de control, de supervisión del cumplimiento de las concesiones y privatizaciones, como son el ENRE, el ENARGAS o el CNC, y ésta es un área muy sensible porque hemos recibido muchas denuncias de incumplimiento y posibles casos de corrupción de los funcionarios de estos organismos que, en un principio, no han hecho cumplir la ley o no han regulado a las empresas conforme a los pliegos de privatización.
¿Quiénes son, por lo general, los que presentan las denuncias: ciudadanos comunes no relacionados con la administración pública, empleados estatales, funcionarios, miembros de empresas mixtas...?
Tenemos muchas denuncias de particulares, de empresarios privados y también de otros organismos de control del Estado, como la Sindicatura General de la Nación, que es la que audita el funcionamiento y afectación de los recursos. Ellos permanentemente están auditando los recursos y como consecuencia elaboran informes en donde surgen a veces puntos complicados y son enviados a la Oficina para que nosotros nos encarguemos de esos temas.
¿Tienen la facultad para iniciar ustedes sus propias investigaciones?
Sí, también tenemos facultad para iniciar de oficio estas investigaciones. El reglamento precisamente establece la posibilidad de que nosotros podamos investigar un caso de corrupción a partir de una investigación periodística, por ejemplo. Nosotros tenemos una oficina de prensa que selecciona artículos a partir de los cuales podemos iniciar nosotros mismos una investigación.
Ya que lo menciona, y a manera de ejemplo, hace unas semanas la revista Noticias publicó una investigación que revela que el Presidente Kirchner y su esposa, además de funcionarios nacionales y santacruceños, secretarios, choferes y parientes del Presidente compraron más de 4oo mil metros cuadrados de tierras fiscales en El Calafate, Santa Cruz, de una manera bastante irregular. ¿Investiga un reporte como ese la O.A.? ¿Alguien tiene que presentar la denuncia?
Con relación a ese artículo en concreto no tenemos ninguna investigación, pero sí de otros.
Entonces ¿alguien debería presentar una denuncia para que esto se investigue?
No, es que sinceramente este artículo de la revista Noticias no lo conozco, no lo he leído, así que no le podría decir nada. Pero primero tendríamos que analizar la competencia de la Oficina, si hay un perjuicio patrimonial para la Administración Pública, si hay un uso abusivo del cargo... en ese caso podría ser. Pero hasta el momento no tenemos una investigación abierta.
La percepción de buena parte de la ciudadanía argentina es que en nuestro país la corrupción está fuera de control, que se vive en un estado de resignación, ya que pasan los años y cambian los gobiernos y la corrupción sigue instalada. ¿Esto es tan así?
Mi impresión, sin haber llevado adelante estudios técnicos o comparativos, es que la corrupción es un mal que afecta en alguna u otra medida a todos los estados. A tal punto que la corrupción pública, tanto como la privada, que son las dos caras de la moneda, es un tema de enorme interés y actualidad en el ámbito de la comunidad internacional. Hace pocos meses la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y hoy en todos los foros internacionales la corrupción es un tema obligado. La corrupción, por otra parte, es un tema interconectado con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico... en fin, son temas que están muy relacionados y que preocupa a todos los estados...
Sin embargo se me hace que el ciudadano de Noruega debe estar mucho menos preocupado por el tema de la corrupción que el ciudadano argentino...
Sí, probablemente sí. No conozco la realidad de Noruega o países similares, en los que aparentemente los niveles de corrupción son muy bajos. En Latinoamérica, que es nuestro ámbito regional y el que más conozco, la corrupción ha generado una multiplicidad de problemas. O visto del otro lado, muchos de los más serios problemas de los que han afectado a la Argentina y muchos otros países latinoamericanos, en sus servicios de administración de justicia, salud, seguridad, son producto de manera directa o indirecta de la corrupción. Por eso es tan importante la lucha contra la corrupción, una lucha que se me hace inacabable, porque la corrupción es una faceta de la naturaleza humana, y uno trata de apuntar a que los índices de corrupción sean los más bajos posibles.
Tal vez resulte imposible medirlo con certeza científica, pero de acuerdo a ciertos parámetros objetivos: ¿La corrupción en la Administración Pública en Argentina es mucho más grave que la que se da en la mayoría de los países democráticos del mundo?
Yo no creo que hoy, comparativamente, en Argentina el problema de la corrupción sea tan grave. Lo que sí creo es que el nuestro es un país que tiene un problema que excede al funcionario público: se trata de un problema serio de cultura de apego a la ley. La sociedad argentina es una sociedad que vive desapegada a la norma, y ahí hay una diferencia clara con otros estados. Los países como el que usted mencionaba, Finlandia, Noruega, son sociedades en las que hay un respeto a la ley muy profundo por parte del ciudadano.
¿Cómo se cambia eso, del pueblo hacia el gobierno o del gobierno hacia el pueblo?
Bueno, ésta es una gran pregunta. Yo creo que se cambia en ambos sentidos: los funcionarios públicos debemos dar el ejemplo, tanto como las personas que tienen sus ocupaciones en el ámbito privado, tienen que reconocer que el cumplimiento de la ley termina fortaleciendo a toda la sociedad...

Pero nadie quiere dar el primer paso, como para no quedar como el gil de la cuadra...
Claro, por eso yo creo que la sociedad argentina es una sociedad que tiene un déficit importante en este sentido. Me parece que el de la lucha contra la corrupción no es un problema del que el ciudadano privado deba desentenderse. Si uno quiere vivir en una sociedad más transparente debe adecuar su conducta a la ley y no esperar, como muchas veces pasa en la Argentina, que los funcionarios hagan todo al respecto. Creo que en Argentina el de la corrupción es un problema de falta de apego a la ley, y si culturalmente podemos revertir esta idea, la cuestión va a estar mucho mejor. †

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