Balas que pican cerca: El caso Skanska

Meses atrás llegamos a la conclusión de que mientras la economía marche relativamente bien, las demás piezas importantes para que el andamiaje de la democracia funcione, a nadie le importan. Justicia, honorabilidad, división de poderes, libertad de expresión y muchas otras cualidades necesarias para un país que se precie de “serio” no serán tenidas en cuenta. Hasta que, por supuesto, toda esta “falta” de cualidades estalle y por efecto dominó destruya lo único que hasta ahora funcionaba bien (la economía).
Los temas de corrupción se van sucediendo y los vamos enumerando: apropiamiento o compras subvaluadas de tierras fiscales, el caso Greco y en estos últimos días saltó a la palestra el caso Skanska.
El tema Skanska salió a la superficie desde el fondo de la olla y “muchos” medios de comunicación argentinos se ocuparon de mostrar a funcionarios involucrados directa o indirectamente en el caso, tirando bombas de humo para hacer pasar inadvertido este nuevo hecho de corrupción (…¿y van cuántos?).
Lo que pocos (o casi nadie) dejan en claro, es de qué se trata el caso Skanska. Skanska es una empresa sueca, a la que se le adjudicó un rol en el emprendimiento del gasoducto norte, en el 2005, en un concurso privado de precios impulsado desde el Ministerio de Planificación, que asignó a la multinacional sueca la ampliación de un tramo de un gasoducto en Córdoba. Esta “asignación” es agradecida por responsables de la empresa realizando pagos a funcionarios públicos a través de empresas fantasmas. La propia empresa reconoce haber violado el código de ética interno, haciendo pagos con facturas truchas, para luego afirmar que se retiraban de la obra pública por falta de garantías.
El gerenciador del proyecto - Transportadora Gas del Norte - le señaló al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que funcionaba como autoridad de control, que Skanska estaba pagando un 152% (unos $17 millones) de sobreprecios. Enargas desestimó esta denuncia.
O sea que el ente de contralor del Estado no funcionó y demuestra una vez más que en obra pública, con este gobierno, como en anteriores, hay ciertas cosas que se repiten como la cartelización, y los sobreprecios.
Todo esto hoy se sabe por la investigación llevada a cabo por Javier López Biscayart, juez del fuero en lo Penal Tributario que se encontró con el caso cuando investigaba una evasión impositiva, siguiendo la pista de una empresa fantasma, que pronto pasó a la hipótesis de sobornos. Luego la causa va tomando impulso cuando el representante de Infinity, una de las empresas fantasmas, Adrián López, arrepentido y único detenido en la causa, admite que se trata de una maniobra del Gobierno, y agrega que de las comisiones se ocupaba el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido. La causa toma estado público cuando la Revista Noticias, de Editorial Perfil, dio a conocer el caso.
A partir de este informe se desencadena una serie de hechos cuasi mafiosos: apretadas a jueces de parte del Gobierno y denuncias hacia sectores de la oposición para desviar el centro del escándalo.
-El periodista de la revista Noticias encargado de revelar la causa ha recibido amenazas.
-El único preso por la causa pide que lo muden de prisión, ya que teme por su vida. El juez intenta acceder a su pedido.
-El ministro del Interior Aníbal Fernández, denunció al juez López Biscayart ante el Consejo de la Magistratura porque el juez intentó mudar a un preso a una cárcel de mayor seguridad de la Policía Federal y el Ministerio del Interior se lo negó.
-El juez López Biscayart, siguiendo con la causa, allanó tres oficinas del Ministerio de Planificación Federal que encabeza Julio de Vido, y la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas.
-El ministro del Interior, Aníbal Fernández, pide el juicio político contra el juez de la causa.
-El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se presentó en el Congreso a dar su informe periódico y, en el marco de una cuestionada sesión, puso sobre la mesa la estrategia oficial en el tema: Afirmó que “si hubo coimas fue entre privados”. Y sembró sospechas sobre las maniobras financieras de Infiniti con el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Telerman. Aseguró que esta empresa controla a Soul Group y que a través de ella el Gobierno porteño remitió el año pasado cinco órdenes de publicidad "truchas" por unos 500 mil pesos.
Toda esta secuencia de hechos y dichos nos demuestran una vez más cómo los políticos operan cuando alguien del poder es sospechado o investigado, pero aunque ya estemos acostumbrados y ya nada nos sorprenda, nunca se había llegado tan lejos con las presiones a los jueces; el pedido de juicio político de un juez que investiga la honestidad de funcionarios del propio Gobierno batió cualquier récord.
De cualquier forma, la predisposición de Kirchner a presionar sobre jueces que investigan -o deciden- sobre causas que afectan al Poder Ejecutivo debería provocar la reacción de un amplio arco político y de la sociedad. En última instancia, no se trata sólo del juez López Biscayart; también está en el ojo de la tormenta la Cámara de Casación. Está, al mismo tiempo, la posibilidad de un grave precedente para que otros jueces no avancen en esta clase de denuncias.
Se lo mire por donde se lo mire, se trata de un caso emblemático. Dejarlo trabajar y no presionarlo sería una mínima noción sobre el valor de las instituciones y de la moral pública.
Las balas pican cerca de nuestro gobierno, pero que no se preocupen nuestros gobernantes: el nuestro es un país generoso, porque la verdad de todo esto, por ahora no se sabrá, como en otras tantas causas emblemáticas de la corrupción nacional. Por tomar un ejemplo, por la corrupción del gobierno de Menem recién se supo todo después de su caída y cuando ya nada se podía hacer para enmendar los errores, y no aprendiendo de esos errores no sólo no los podremos enmendar, sino que tampoco solucionaremos los errores del presente. †