Macri y Moyano. Las dos caras de la verdad

El pasado miércoles 21 de febrero se llevó a cabo una masiva movilización organizada por el sindicalista Hugo Moyano que colapsó el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Hugo Moyano es el líder histórico del Sindicato de Camioneros, presidente en ejercicio del Club Atlético Independiente y, además, un ex dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT). Asimismo, fue presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y ex diputado por la misma provincia.
Si algún curioso desde el exterior preguntara ¿Cuál fue el motivo real de esa movilización?, pocos en la Argentina podrían contestar con certeza, porque detrás de ese hecho gremial y político se esconden dos caras. De allí que se pueden deducir respuestas totalmente opuestas y sin faltar a la verdad.
La primera respuesta más generalizada sería la que esgrimen en el gobierno, desde donde aseguran que el motivo que originó esa gran movilización fue el interés personal de Hugo Moyano, porque este dirigente, así como su entorno íntimo, están siendo “acosados judicialmente”. Este es un eufemismo para describir que el imperio económico erigido por Moyano junto a sus hijos, a su hermana, familiares, amigos, su pareja, e hijos políticos se encuentra en la mira de la justicia por las razones habituales en la Argentina: corrupción, asociación ilícita, sobornos, lavado de dinero, mafias, desviación de fondos sindicales, contratos y facturas falsas, barras bravas, etc. Lo de siempre. Nada que no se haya visto anteriormente.

Una protesta contra las medidas económicas
Pero desde el punto de vista de Moyano, su entorno, el gremio Camioneros y otros sindicatos y partidos políticos de izquierda que adhirieron a la movilización, los motivos de la marcha fueron otros, totalmente distintos. Todos los que participaron aseguran que fue una protesta contra las desalmadas medidas económicas del gobierno, medidas que, según su opinión, perjudican a los más pobres, a los que menos tienen, a los indefensos.
Y ambos puntos de vista tienen base real. Son opuestos, pero no excluyentes. Cualquiera de estos dos motivos es válido para la explicación de esa marcha.
Por un lado, es evidente que gracias al Sindicato de Camioneros y su relación histórica con los gobernantes de turno, tanto Hugo Moyano, como sus parientes y/o socios viven como si fueran millonarios de Hollywood, una vida que no se parece en nada a la de los trabajadores de su gremio a los que juran representar. Todos en la Argentina creen que si los Moyano fueran investigados a fondo por la justicia, cuanto menos estarían flojos de papeles y coartadas. No podrían justificar ni siquiera sus abultados gastos diarios. Además, parece que varios de los contratos del Sindicato de Camioneros y/o del club Independiente en realidad son fachadas para justificar desvíos de fondos de enormes negociados a través de empresas fantasma o por intermedio de testaferros.

“El imperio económico erigido por Hugo Moyano junto a sus hijos, a su hermana, familiares, amigos, su pareja e hijos políticos se encuentra en la mira de la justicia”

Lo único nuevo y original de esta telenovela sudamericana es que, por primera vez en la historia, tanto Hugo Moyano como su entorno íntimo están siendo investigados por la justicia. Y eso, como se sabe, no es nada conveniente para un imperio económico fundado, consolidado y mantenido gracias a la defensa de los derechos de los trabajadores del transporte.

Inflación y aumentos permanentes
Muchas de las críticas de Moyano tienen un sustento palpable; varias de las medidas económicas tomadas por este gobierno perjudican a los más pobres y necesitados, fundamentalmente a los que no tiene poder de respuesta, de convocatoria, a los que no tienen fuerza ni los medios para confrontar al sistema, como los jubilados, discapacitados, trabajadores tercerizados, “en negro” y asalariados. Se trata de un gran colectivo de trabajadores que vieron mermar sus ingresos exponencialmente; por acción u omisión el pato de la boda lo volvieron a pagar los mismos de siempre.
Debido al “retraso” y “subsidios” que se muestran como arcaicos e injustificados, las tarifas de luz, gas, agua, transporte, peajes, educación, sanidad, alimentos y todo lo imaginable ya aumentaron, y aumentan permanentemente. Hablamos de servicios y bienes, públicos y privados, imprescindibles y necesarios. Y como si esto fuera poco, debido al “reajuste” o “acomodamiento” del precio de los combustibles, todo aumenta y continuará aumentando. Ya sea la canasta familiar, la canasta de esparcimiento o la canasta de medicamentos, todas aumentan sin pausa.
Parafraseando a León Trotsky, la situación económica que padece la sociedad argentina no es la revolución permanente, sino que es el aumento permanente. La inflación en la Argentina nunca desaparece. A veces, excepcionalmente, descansa. Pero siempre está al asecho. Es una constante diabólica. Y esta no es una opinión, son hechos. Al respecto, los datos son de terror: a partir del 17 de diciembre de 2015 (cuando asumió Mauricio Macri como presidente de la nación), la inflación acumulada entre 2016 y 2017 fue de 75%. Solo siete décimas inferiores a la calculada en el bienio 2014-2015, último tramo de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando alcanzó el 75,7 por ciento.

El gobierno no quiere apretar el gatillo
Los que ya vivieron episodios inflacionarios en la Argentina saben que en realidad este panorama es mucho peor de lo que arrojan estas cifras escalofriantes, porque en medicamentos, educación y en la canasta básica de alimentos, los aumentos fueron mayores. Así que, una vez más, los consumidores de clase media y clase baja (la mayoría de la población) vieron disminuir abruptamente su poder adquisitivo nuevamente.
Los números fríos hablan por sí solos, y son espantosos. La inflación del año 2017 fue del 25%. Ocho puntos más de lo calculado al inicio del año calendario por el gobierno. Y este es un dato para tomar muy en cuenta para las negociaciones salariales, ya que para los trabajadores lo peor está por venir, porque el gobierno quiere que este año se firmen las paritarias de acuerdo a sus previsiones de inflación, que son elaboradas a comienzos del año. Y lo más importante es que el gobierno quiere que estos convenios dejen a un lado la cláusula “gatillo”. ¿De qué se trata esto?

“Todos en la Argentina creen que si los Moyano fueran investigados a fondo por la justicia, cuanto menos estarían flojos de papeles y coartadas”

Esta cláusula “gatillo” es particular, porque permite que los salarios se incrementen a la par de la inflación. En el año 2017, se firmaron muchos convenios con esta cláusula incluida. Por lo tanto, si la inflación real superaba a la estimada por el gobierno a comienzos del año, los trabajadores recibirían una compensación por la diferencia. Esto se hizo con la intención de no bajar el poder adquisitivo de los sueldos.

“La inflación en la Argentina nunca desaparece. A veces, excepcionalmente, descansa. Pero siempre está al asecho. Es una constante diabólica”

Un ejemplo concreto: a comienzos de 2017, el gobierno estimó que la inflación sería del 17%, pero resultó ser un 8% más alta. Gracias a la cláusula “gatillo”, los afiliados al Sindicato de Comercio, entre otros, no perdieron demasiado poder de compra. A comienzos de 2017 acordaron un aumento salarial interanual del 20%, pero cuando la inflación real superó a la estimada recibieron una compensación. De esta forma, los mercantiles tuvieron un aumento del 6% en enero del 2018 en concepto de compensación.
Este año, el gobierno quiere que ningún convenio se firme con cláusula “gatillo”, y que los aumentos salariales se adecuen a los pronósticos de los astrólogos de los distintos ministerios relacionados con la economía.
En base a los precedentes, sin dudas la inflación real superará a los sueldos. Por eso, Moyano pensará que la intención del gobierno de Macri es bajar el poder adquisitivo de los salarios.
¿Cuál es entonces la verdad? Nadie lo sabe con precisión. Porque la verdad siempre tiene varias caras. ¤