El mes pasado nos referíamos en esta editorial a las constantes devaluaciones del peso argentino, siempre acompañadas por el aumento de la pobreza entre buena parte de la población y la constante frustración de los que aún pueden llamarse clase media.
Cambian los gobiernos, cambian los discursos, cambian los enfoques de las políticas económicas y sociales… pero lo que nunca cambia es la progresiva decadencia.
Una de las caras más visibles de la sostenida crisis argentina es también un fenómeno que enfrentan numerosos países del mundo, incluyendo Estados Unidos: los “sin techo”.
La falta de vivienda accesible sigue siendo un desafío conmovedor, especialmente en centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires. A pesar de su vibrante cultura y crecimiento económico, la ciudad todavía enfrenta la dura realidad de personas y familias sin un lugar donde dormir, por lo que no es extraño ver gente recostada sobre colchones mugrientos en cualquier rincón en el que se puedan echar. A su alrededor se esparcen bolsas de plástico, cajas de cartón o changuitos de supermercado abarrotados de lo que cualquiera de nosotros consideraría desechos, pero que para esta gente representa valiosas posesiones.
La falta de vivienda es un problema multifacético, que a menudo surge de una compleja interacción de factores como las disparidades económicas, falta de oportunidades, problemas de salud mental y exclusión social. No se arregla culpando al saqueo menemista, a la liviandad de la Alianza, a la corrupción kirchnerista, a la ineptitud macrista, ni a los delirios circenses de este nuevo gobierno que hoy padecemos. Es todo eso, y mucho más.
Hoy nos queremos referir a la iniciativa planteada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la situación de la gente sin techo que vive en las veredas y plazas de la ciudad. La controversia surgió a raíz de declaraciones del secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, quien declaró que en la ciudad “la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores. El que no acepta la posibilidad de ir a paradores, no puede dormir en la calle. Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto intermedio: no vamos a permitir ranchadas”.
Los paradores a los que hace referencia son los Centros de Inclusión Social (CIS), espacios cubiertos que ofrece la ciudad para la gente sin techo. “La Ciudad en 2006 censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas. El último censo dio 4000 personas, de las cuales 2700 usan paradores y 1300 no, además de las casi 5000 que entran y salen para hacer cartoneo”, agregó Kravetz.
Los centros CIS están pensados para ser algo más que simples refugios; se conciben como centros integrales que brindan una gama de servicios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de las personas y familias sin hogar. Estos servicios incluyen alojamiento temporal, comidas, instalaciones sanitarias, asesoramiento, formación profesional y asistencia para acceder a programas de bienestar social. Según el Gobierno de la Ciudad, el objetivo no es sólo abordar las necesidades inmediatas, sino también empoderar a las personas para que se reintegren a la sociedad y reconstruyan sus vidas.
Según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los centros CIS tienen la intención de priorizar la dignidad y el respeto, reconociendo el valor y el potencial inherentes de cada individuo. A diferencia de los refugios tradicionales, que a menudo tienen reglas estrictas y recursos limitados, los centros CIS tienen como objetivo crear un ambiente acogedor e inclusivo donde las personas se sientan valoradas y apoyadas. Este enfoque no sólo ayuda a derribar las barreras para acceder a los servicios, sino que también fomenta un sentido de comunidad y pertenencia.
Sin embargo, mucha gente se resiste a abandonar la calle para ir a uno de los paradores. La pregunta es: ¿Puede y debe la Ciudad enforzar esta propuesta? Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad, declaró que aquellos que se nieguen a recibir la ayuda ofrecida no podrán permanecer en la calle: “Si una persona tiene un colchón, se le saca el colchón y se tiene que ir, no puede dormir en la calle. Sí, se les van a sacar las cosas, previo a invitarlo a un centro de inclusión social. Les cobramos impuestos a los vecinos y no pueden tener a alguien durmiendo en la calle”. En los CIS “Se les da la posibilidad de reinsertarse con un grupo multidisciplinario que los contiene, les da de comer, se pueden bañar, se pueden atender y se les busca la posibilidad de reinsertarse”, agregó el funcionario.
No cuesta mucho imaginarse que, sobre todo en un pueblo tan reacio a aceptar reglas básicas de convivencia, esta propuesta va a traer todo tipo de controversias. Pero más allá de toda propuesta, creemos que el problema de fondo es sumamente profundo y complejo, y que en definitiva requerirá de un cambio de modelo dentro de este sistema capitalista en el que incluso una persona que trabaja full time muchas veces no puede garantizar una vivienda digna para su familia. ¤