¿Qué justicia social?

En nombre de la justicia social se enriquecen los dirigentes y se empobrece el pueblo argentino

La justicia social es un concepto que en Argentina ha sido utilizado durante décadas como un lema recurrente por diversos gobiernos, que lo presentaron como un ideal de equidad y protección hacia los más desfavorecidos. Sin embargo, un análisis a lo largo de los años revela que, aunque los gobiernos se han comprometido a mejorar la situación de los sectores más vulnerables, los resultados han mostrado lo contrario.

Al término de cada mandato, el país ha quedado más desigual, con una brecha económica más profunda y una pobreza creciente. Mientras tanto, los dirigentes que asumieron la responsabilidad de guiar el país en nombre de la justicia social han terminado su paso por el poder considerablemente más ricos de lo que eran al inicio.
Este patrón sugiere una paradoja: el concepto de justicia social, que debería buscar una distribución más equitativa de los recursos, ha quedado confinado a las esferas más altas del poder.
Los beneficios de los programas sociales y las políticas redistributivas parecen no llegar a quienes realmente lo necesitan, sino que se concentran en los círculos gubernamentales y administrativos. Funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, así como aquellos que han dirigido empresas y organismos estatales, han aprovechado los fondos destinados a mejorar la situación de los más necesitados para su propio enriquecimiento.
Esta dinámica ha dado lugar a la percepción de que el que accede a un cargo con acceso a fondos públicos, o “caja”, como se le conoce en el lenguaje popular argentino, tiene el potencial de acumular una fortuna personal.

“Para Milei, el problema radica en que los programas de redistribución solo perpetúan la pobreza y fomentan la dependencia del Estado, en lugar de generar oportunidades reales de progreso”

El actual presidente, Javier Milei, ha roto con la tradición de promover la justicia social como uno de los pilares de su mandato. Desde su llegada al poder, ha sido claro en su postura pro mercado, orientada hacia el fomento de la inversión privada, el desarrollo personal y la iniciativa individual como motores del crecimiento económico.
A diferencia de sus predecesores, que a menudo utilizaban la justicia social como un eslogan para ganar adeptos, Milei ha sido contundente en su crítica a este concepto, describiéndolo incluso como un “robo” de los pobres hacia los ricos.
Para Milei, el problema radica en que los programas de redistribución solo perpetúan la pobreza y fomentan la dependencia del Estado, en lugar de generar oportunidades reales de progreso.

“Las políticas que se presentan como herramientas de equidad se han convertido en mecanismos para el saqueo de los recursos del Estado”

No obstante, su gobierno, que aún se encuentra en las primeras etapas, ya ha enfrentado sus propios desafíos. A pesar de la retórica de cambio y transparencia, han surgido acusaciones de corrupción contra varios de sus funcionarios, lo que pone en duda su capacidad para erradicar los vicios del pasado. Estas acusaciones reflejan una continuidad con el pasado argentino, donde aquellos que acceden a posiciones de poder, especialmente aquellas vinculadas a fondos públicos, ven una oportunidad para el enriquecimiento personal. Es como si el país estuviera atrapado en un ciclo de corrupción endémica que trasciende ideologías y gobiernos.

Miseria para todos y todas

Este fenómeno no es exclusivo de una corriente política. En Argentina, la corrupción y el aprovechamiento de los recursos estatales han sido una constante, sin importar si el gobierno de turno se proclama a favor de la justicia social o del libre mercado. Un ejemplo reciente ilustra este punto: hace poco, un ex ministro del gobierno de Mauricio Macri fue invitado a formar parte del equipo de Milei. Sin embargo, este ex funcionario declinó la oferta cuando se dio cuenta de que el puesto que le ofrecían no incluía “caja”, es decir, no le daba acceso directo a fondos públicos.
Este comportamiento, cuanto menos curioso, pone de manifiesto cómo el acceso a recursos económicos sigue siendo un incentivo clave para quienes buscan ocupar cargos públicos.
A lo largo de los años, la promesa de justicia social se ha convertido en un eslogan vacío. Los gobiernos han utilizado este término para justificar políticas que, en teoría, deberían mejorar las condiciones de vida de los más pobres, pero en la práctica han servido para perpetuar un sistema de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Un sistema roto

El hecho de que cada nuevo gobierno herede una situación económica más deteriorada que el anterior, mientras los funcionarios salen del poder más ricos, es una prueba contundente de que el sistema está roto. Las políticas que se presentan como herramientas de equidad se han convertido en mecanismos para el saqueo de los recursos del Estado.
Por su parte, el enfoque pro mercado de Milei también presenta desafíos y plantea interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo. Aunque es cierto que la inversión privada y el emprendimiento pueden ser motores de crecimiento, no está claro cómo estas estrategias abordarán los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad que afectan a gran parte de la población argentina.
Si bien su retórica ha captado la atención de muchos votantes que están desencantados con los fracasos del pasado, el éxito de su modelo dependerá en gran medida de si logra romper con la tendencia de corrupción y mala gestión que ha plagado a los gobiernos anteriores.

Ya no creemos en el futuro

Al final, la pregunta que queda por responder es si realmente existe una salida a este ciclo de pobreza, corrupción y subdesarrollo que parece definir a la política argentina.
Tanto los defensores de la justicia social como los proponentes del libre mercado han fracasado en proporcionar soluciones duraderas. La realidad es que, independientemente del enfoque ideológico, el país sigue atrapado en una rueda de hámster, donde los cambios de gobierno traen pocas mejoras tangibles para la mayoría de la población.

“Por su parte, el enfoque pro mercado de Milei también presenta desafíos y plantea interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo”

El empobrecimiento y la falta de perspectivas de futuro son constantes que han trascendido los diferentes modelos de gestión. En cuatro años, cuando termine el mandato de Milei, se verá si su enfoque pro mercado ha logrado romper con este ciclo vicioso o si simplemente será otra vuelta más en la misma rueda.
La historia reciente sugiere que las probabilidades no están a su favor, pero solo el tiempo dirá si el nuevo enfoque realmente ofrece una solución viable o si Argentina seguirá condenada a repetir los mismos errores del pasado.¤