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La Entrevista del Mes: Dr. Raúl A. Montenegro

"La Tierra es un planeta bello, pero feroz”
Dr. Raúl A. Montenegro
Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)

Dr. Raúl A. Montenegro Su “excepcional y abarcador trabajo con las comunidades locales y pueblos indígenas para proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales en América Latina y más allá” le valieron el Right Livelihood Award 2004, el Premio Nobel Alternativo que se entrega cada año en el Parlamento sueco.
Profesor de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, en 1982 fundó la FUNAM, la Fundación para la defensa del ambiente. Su trabajo y sus logros en lo que se refiere a la lucha contra los desechos tóxicos, la polución, la caza furtiva, la deforestación y el avasallamiento de los derechos de los pueblos nativos y la corrupción oficial que lo hace posible, lo han convertido en el más activo y reconocido ambientalista argentino.

¿Cuál es la función de la FUNAM y por qué fue necesaria su creación? 
FUNAM es una ONG (Organización No Gubernamental)
independiente de gobiernos, empresas, sindicatos y religiones. Trabaja con grupos de ciudadanos y comunidades indígenas para que construyan sus propios modelos de desarrollo sustentable, y logren defenderse por sí mismas de los peligros internos (la fiebre de consumo, la idolatría del dinero), y de los peligros externos (el desarrollo duro que extermina por igual ecosistemas naturales y personas, el despilfarro desenfrenado, la generalización de los sistemas productivos de cadena alimentaria corta, la corrupción de gobiernos y empresas, etc.) En este proceso FUNAM acompaña y aprende, no representa ni pontifica.
Para su creación en 1982 coincidieron tres hechos fundamentales. Primero, la creciente gravedad de los problemas ambientales en Argentina. Segundo, terminaba la dictadura de los años de plomo y las ONGs eran la mejor herramienta para acompañar el proceso de vuelta a la democracia. Tercero, era necesario aunar alta capacidad técnica y científica con participación y lucha pacífica. Como nos sentíamos capaces de enfrentar este desafío la creamos en agosto de 1982.
 
¿Cómo está afectando el “boom” agrícola al medio ambiente argentino y cómo afecta a las tierras y al medio ambiente en general el monocultivo?
En Argentina se expanden los cultivos de soja transgénica, que superan los 16 millones de hectáreas cultivadas, y retroceden escandalosamente los ecosistemas naturales. Comunidades rurales e indígenas son expulsadas de sus territorios tradicionales para plantar soja. A medida que crecen los monocultivos se destruyen irresponsablemente las únicas fábricas naturales de suelo, pues la soja "devora" suelo, no lo genera. También las de agua, porque los ambientes serranos y de montaña son la principal fuente de recursos hídricos, y de estabilidad climática, ya que los monocultivos aumentan la pérdida de agua y la gravedad de las sequías. En resumen, cada nueva hectárea plantada con soja disminuye la resistencia ambiental del país, y se compromete la vida de argentinos que todavía no nacieron.
 
¿Se utilizan hoy plaguicidas o fertilizantes prohibidos o que puedan ser considerados peligrosamente tóxicos?
Cada tipo de cultivo industrial se practica con un particular cóctel de plaguicidas. El problema no consiste solamente en el uso de plaguicidas prohibidos, que en última instancia pueden confiscarse previa denuncia administrativa o judicial, sino los plaguicidas autorizados. El cultivo de soja, por ejemplo, se practica con el uso indiscriminado del herbicida glifosato y del insecticida endosulfán. Cientos de miles de personas en Argentina están expuestas a su deriva desde campos fumigados. Lamentablemente, el glifosato, el endosulfán, y sus derivados químicos más peligrosos afectan el sistema hormonal y alteran el sistema inmune. Por esta causa y como resultado de la presión ciudadana, muchas municipalidades están creando franjas de protección alrededor de las zonas pobladas, de 1000 a 2500 metros de ancho. Pero esto no soluciona el problema de fondo. 
 
Sabemos que está involucrado en la defensa de los espacios selváticos misioneros. ¿Qué tan grave es la deforestación en la provincia y cuál es el compromiso oficial del gobierno provincial –si es que existe tal compromiso- en la preservación del ambiente?
Los pueblos indígenas Mbya Guaraní vivían en la selva Paranaense, un gran ecosistema subtropical con más de 800 mil kilómetros cuadrados en lo que hoy llamamos Paraguay, Argentina y Brasil. De esa superficie original sólo quedaba, en 1998, un 5,8%. En Misiones queda apenas una tercera parte de la superficie selvática original, pese a lo cual sigue siendo desmontada. Como los Mbya dependen de la selva para vivir y mantener su forma de ser (Ñande reko), destruir la selva equivale a despedazar sus culturas ancestrales. Hoy sólo quedan 3000 Mbya Guaraníes que viven en más de 70 comunidades, muchas de ellas sin selva. La peor amenaza son las empresas madereras, como Moconá Forestal S.A., el avance de las fronteras agropecuarias, y la insensibilidad cómplice de los gobiernos.
 
¿Qué se está haciendo para apoyar a estas comunidades indígenas que se han visto afectadas por el abuso del medio ambiente en el que viven?
Yo estoy trabajando con las comunidades Mbya Guaraní de Tekoa Yma y Tekoa Kapi'i Yvate que viven en la Reserva de la Biosfera de Yabotí, en Misiones, dos de las aldeas más afectadas. La empresa maderera y el gobierno quisieron arrinconarlas en 300 hectáreas de selva para que fueran testigos de la extracción de árboles. Esta propuesta era violatoria de la Convención 169 de la OIT y deliberadamente ignorante. Viviendo con los Mbya en la selva durante distintas estaciones del año logramos determinar que obtienen sus alimentos, plantas medicinales, materiales de construcción y elementos rituales en una superficie de selva superior a las 6500 hectáreas. Por eso, junto a las comunidades y  ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborígen), iniciamos acciones nacionales e internacionales contra el gobierno de Misiones para lograr que los propietarios privados de esas tierras las devuelvan a los Mbya. Por ahora conseguimos que durante 18 meses se suspenda la extracción de árboles en su territorio de 6500 hectáreas. Pero el futuro es oscuro. Como lo seguimos sosteniendo, dentro y fuera de Argentina, estas comunidades sufren un genocidio silencioso. 
 
¿Es conciente el ciudadano argentino de que el proceso que comienza con la tala indiscriminada de árboles o la contaminación ambiental termina con los notables cambios climáticos que ya se están experimentando en ciertas zonas del país? Y de serlo ¿por qué permite que pase lo que pasa?
En Argentina la mayor parte de sus habitantes vive en ciudades, y por lo tanto no percibe directamente lo que sucede, y aunque lo hiciera, difícilmente advertiría su gravedad a corto, mediano y largo plazo. Mientras haya alimentos en los supermercados, y salga agua de las canillas todo parece estar bien. Pero la realidad es dramática. Argentina ya destruyó más del 80% de sus bosques nativos, y el desarrollo irracional destruye las principales cuencas hídricas y las fábricas naturales de aire, suelo y agua. Esta depredación se agrava por tres motivos: la incapacidad de los funcionarios públicos, la corrupción pública y privada, y la insensibilidad e incluso egoísmo generacional de los ciudadanos comunes. La consigna es sobrevivir y ganar dinero aunque consumamos recursos que nos prestaron las futuras generaciones.  
 
¿Se pueden recuperar las condiciones ambientales originales una vez que han sido alteradas por el desmonte, por ejemplo, o suele ser un proceso irreversible?
En realidad todos los ecosistemas del planeta pueden recuperase con tiempo, aunque no desarrollen necesariamente la misma estructura ecológica que tenían antes. El problema es que nosotros, como seres humanos, no disponemos de ese tiempo. Nuestra especie no se dio cuenta a tiempo que la única forma de sobrevivir en un planeta feroz -y la Tierra es un planeta bello, pero feroz- era conservar por lo menos la mitad de cada ecosistema natural. No lo hicimos, y ahora sufrimos las consecuencias. Desde una sequía o un incendio hasta un huracán o un tsunami son más mortíferos hoy porque alteramos los ambientes que antes amortiguaban sus efectos, y poblamos irresponsablemente áreas de alto riesgo. En Argentina la destrucción de ambientes naturales no sólo anula las fábricas naturales de suelo, agua y clima, sino que aumenta los riesgos de inundaciones, sequías y grandes tormentas.

La depredación de los ambientes naturales no se da sólo dentro de los países del Tercer Mundo; a pesar de contar con recursos económicos y tecnológicos para prevenirlos, países como Estados Unidos sufren constantemente catástrofes naturales a consecuencia del avance irresponsable del hombre contra la naturaleza...
Sí, en Estados Unidos ocurre lo mismo. Allí la disminución de la superficie ocupada por ambientes naturales y el poblamiento de zonas de alto riesgo ambiental disminuyen su resistencia a catástrofes naturales y humanas. La costa noroeste, por ejemplo, está descubriendo con perplejidad que puede sufrir un tsunami mayor al ocurrido en el Océano Indico el 26 de diciembre de 2004. La zona de subducción de Cascadia, una larga franja de encuentro entre dos placas tectónicas, sumergida y paralela a la costa, podría sufrir un terremoto de gran magnitud que genere un tsunami más mortífero que el de Sumatra. Podría afectar las costas de Washington, Oregon y el norte de California, pues están sobrepobladas, y no hay sistemas naturales de amortiguación. En caso de tsunami las personas apenas dispondrían de 15 ó 20 minutos para huir hacia lugares más elevados y protegidos. El último gran sismo en Cascadia ocurrió por el 1700. La probabilidad de que se produzca un gran terremoto y que éste pueda generar un tsunami, es del 15% para los próximos 50 años. Esta mayor fragilidad humana ante fenómenos naturales como los tsunamis, y catástrofes directa e indirectamente producidas por el hombre, como grandes tormentas derivadas del cambio climático global, se debe a la pérdida de resistencia ambiental de los países y de sus ecosistemas, y a la sobrepoblación de ambientes altamente riesgosos.
 
Parece ser que existe un plan sistemático de algunas gobernaciones, como la del Chaco, Salta, o Formosa, para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras e impulsar la explotación comercial, incluso en zonas supuestamente protegidas.
Aunque resulta difícil calificarlo de plan sistemático, sí existen mecánicas similares de acción en esas tres provincias (yo agregaría las de Santiago del Estero y Córdoba). La codicia, el acuerdo turbio entre inversores, policías y jueces, y el crónico desinterés social por lo que ocurre fuera de las ciudades, son una mezcla dañina y peligrosa que favorece la expulsión de pobladores y el desmonte salvaje. Pocos conocen lo que sucede en un "cierre de melga". Las topadoras dejan una isla de bosque nativo intacto donde se refugian los animales característicos del ambiente Chaqueño. Entonces cazadores que pagan sumas importantes de dinero a la empresa de desmonte, o a sus intermediarios, fusilan a las corzuelas y otros animales. Esto suele ser tan ilegal como muchos desmontes, pero la falta de controles del estado lo favorece.

¿No se ha logrado entonces contener la caza ilegal, sobre todo de especies en vías de extinción?
No, no se ha detenido. Continúa en forma ilegal favorecida por la falta de controles, la participación de verdaderas mafias, y el elevado precio de los animales capturados. El comercio de armas, drogas ilegales y tráfico de animales siempre tuvieron algún tipo de contacto. En el comercio internacional, un tatú carreta, que es una especie de armadillo gigante, característico de los bosques secos del Chaco, tiene un precio de 900 mil dólares o más. El problema no está sólo en los traficantes locales, que capturan ejemplares vivos o trafican pieles y cueros valiosos, sino también en los consumidores del Primer Mundo y de las ciudades de la mayoría de los países. Por ejemplo, durante años los vistosos e inofensivos sapitos de Tanti fueron arrancados de sus ambientes serranos en Córdoba para ser exportados y vendidos como mascotas. Estados Unidos era uno de esos destinos. Esto también disminuye la resistencia ambiental de una región y de un país.

¿Se puede decir que hoy en día la soja es la única especie verdaderamente protegida de la Argentina?
Efectivamente, es la especie más protegida de Argentina. Esta protección es tan egoísta e inhumana que ni siquiera la detienen la enfermedad o la muerte de personas fumigadas, ni la menor resistencia ambiental de los ecosistemas. Nosotros decimos que los actuales cultivadores de soja están asesinando argentinos del futuro que todavía no nacieron.  
 
¿Cuál es la situación actual de los Parques Nacionales Argentinos? ¿Existe alguno bajo amenaza de explotación civil o comercial?
Ante todo, la existencia de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas es insuficiente para preservar la biodiversidad, y aumentar al mismo tiempo la resistencia ambiental ante cualquier tipo de crisis. Los parques deben existir, claro, pero los ambientes nativos también deber ser conservados fuera de los parques, como mínimo un 50% de ambiente nativo por cada 50% dedicado a actividades productivas. Un parque nacional rodeado de cultivos se empobrece biológicamente, pues actúa el llamado "Principio de biogeografía de islas" que desarrollaron Robert Mac Arthur y Edward O. Wilson. Cuanto más pequeña es la superficie de un parque (y la mayor parte no tiene gran superficie), mayor es la pérdida de especies y de poblaciones. Por eso un país debe conservar sus ambientes nativos no sólo como parque, sino también como área de amortiguación "fuera" de los parques. 
 
En los últimos años se viene denunciando que importantes zonas con recursos estratégicos están siendo adquiridas por inversores y empresas extranjeras. ¿Le preocupa esta situación? ¿Cómo podría llegar a afectar no sólo la soberanía del país, sino también la situación ambiental?
En realidad ni me preocupa ni me deja de preocupar. Lo importante no son los dueños sino lo que haga un dueño con su propiedad. Si las tierras no pertenecen a ningún territorio indígena actual, y su destino es la conservación y el desarrollo sustentable, me importa poco quién es el dueño. Miles de argentinos parcelaron y destruyeron millones de hectáreas de ambientes nativos únicos, e incluso echaron de esas tierras a las comunidades indígenas sin que la sociedad se movilizase. A esos empresarios y productores agropecuarios no les preocupó la menor seguridad ambiental, ni que los pueblos originarios sufrieran o desapareciesen. Esto sí es pérdida de soberanía, una soberanía que no puede disociarse de la seguridad ambiental y del respeto por los derechos humanos de todos, no solamente de los blancos propietarios.    
 
¿Cuáles son las zonas más codiciadas por los inversores o grandes terratenientes y por qué motivos?
Los bosques secos y ambientes de pastizal que tienen suelos aptos para soja (buena parte de la Provincia Biogeográfica del Chaco), los bosques y selvas con maderas valiosas (como la selva de Yungas, la selva Paranaense, las selvas frías del sur de Argentina), los ambientes con riqueza escénica que tienen potencial turístico, donde podrían construirse grandes hoteles y condominios, y los ambientes cuyo subsuelo contiene importantes reservas mineras  como metales, petróleo, carbón mineral o uranio.
  
En julio del año 2000 se firmó un contrato con una organización australiana para venderles un reactor nuclear a cambio de recibir los residuos radiactivos, acondicionarlos y devolverlos luego de un plazo no claramente determinado. ¿Cuenta el país con la tecnología y la infraestructura adecuadas para procesar estos desechos? ¿Qué peligros podría ocasionar la presencia de estos residuos nucleares al ambiente y la población argentina?
Es preciso aclarar que tanto el contrato firmado por Ansto de Australia e INVAP de Argentina como el posterior acuerdo suscrito por ambos países viola flagrantemente el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo prohíbe el ingreso de residuos radiactivos, y las barras de combustible gastado que producirá el reactor nuclear de Lucas Heights II en Sydney son residuo radiactivo. En primer lugar, los acuerdos con Australia permiten el “tratamiento”. En este caso el combustible agotado viaja por mar hacia la Argentina como HLW (High Level [Radioactive] Waste); se lo transporta luego desde el puerto al centro Atómico de Ezeiza en donde se los diluye y vitrifica para transformarlo en LLIL (Long Lived Intermediate Level waste). Como las leyes australianas impiden que ese país almacene en su territorio los HLW, Argentina los "transforma" en LLIL, que sí pueden regresar a Australia. Pero los acuerdos también habilitaron el reprocesamiento. En este caso, al combustible nuclear agotado que viene de Australia se le extrae el Plutonio 239 y el Uranio 235 (ambos fisionables, y capaces de ser utilizados para la fabricación de armas nucleares), y al residuo se lo diluye y vitrifica, y los tres (Plutonio, Uranio y vitrificados) vuelven a Australia. Argentina tiene capacidad técnica para encarar el reprocesamiento, que se define, acertadamente, como el negocio más sucio y peligroso de la Tierra.

¿En qué estado se encuentra este acuerdo? 
Logramos demorar por más de tres años la aprobación del Acuerdo entre Australia y Argentina, pero finalmente se aprobó. Curiosamente, los residuos radiactivos de Australia no entrarán a la Argentina. Estados Unidos, preocupado por la alta sensibilidad de estos materiales, acordó recibir en su territorio el combustible nuclear agotado que produzca Lucas Heights II.   
 
En un país en el que los intereses políticos y del poder económico usualmente pisotean los intereses de la Nación y sus ciudadanos ¿qué tan relevante y eficaz es la legislación en defensa del medio ambiente y los recursos naturales? 
En general tenemos buena legislación, lo que usualmente faltan son funcionarios del Estado dispuestos a hacer cumplir a rajatabla esa legislación. Por eso desde FUNAM continuamente presentamos denuncias en la Justicia, provincial y federal, contra funcionarios que no cumplen la ley. Aunque resulte contradictorio, es habitual que el estado viole las normas vigentes, sobre todo en materia de evaluación de impacto ambiental. Recientemente logramos que la Justicia Federal impute al presidente del SENASA, uno de los organismos nacionales más importantes en sanidad animal y control de uso de agroquímicos, por violación del Código Penal. Habían almacenado 30 toneladas de plaguicidas prohibidos violando así su propia legislación. También obtuvimos la imputación del ministro de Obras Públicas del gobierno de Córdoba porque no había informado a una decena de barrios, donde viven unas 50 mil personas, que su agua estaba contaminada con elevadísimos valores de nitratos. Ambos casos siguen en la Justicia.
 
¿Ha sido Ud. o alguno de los miembros de FUNAM amenazados a raíz de alguna campaña pro-ambientalista o de defensa de los derechos de las comunidades nativas?
Si, durante mis 30 años de trabajo en temas ambientales he sido amenazado muchas veces. Anoto las amenazas en una pequeña libreta. La mayoría fueron llamadas telefónicas anónimas en las que me anticipaban que si no dejaba tal o cual caso golpearían a mis familiares o me matarían. Cada vez que fuimos amenazados lo denunciamos públicamente.
 
¿Cuáles son sus preocupaciones más importantes en lo que se refiere a la contaminación en las grandes ciudades del país, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario? 
El principal problema ambiental de Argentina es la incompetencia de sus funcionarios públicos, la corrupción pública y privada, y la insensibilidad de la sociedad civil. A partir de esta mezcla de problemas se desencadenan los restantes. En lo que hace a problemas ambientales propiamente dichos las prioridades varían según las ciudades. Córdoba tiene graves problemas de contaminación del aire de origen vehicular, porque sufre frecuentes inversiones térmicas y está ubicada en el fondo de un valle. En las ciudades de Río Tercero y Bahía Blanca el principal problema son las industrias petroquímicas. Todas tienen en común, sin embargo, la escasez de planeamiento, la impermeabilización de su superficie (que aumenta el impacto de las inundaciones), el despilfarro, la falta de reciclaje, los basurales urbanos inmanejables, y la contaminación del suelo y las aguas con residuos cloacales y químicos.
 
Sin dudas, el tema ambiental más resonante de estos días es el de la instalación de dos plantas de celulosa en la ciudad fronteriza de Fray Bentos, Uruguay. ¿Cuál es su posición al respecto?
Nuestra posición es clara: acompañamos a la comunidad, que tiene argumentos técnicos mucho más sólidos que los presentados por las empresas Botnia y Ence, y le decimos no a su instalación. Consideramos que el impacto ambiental es doble. Además de la futura contaminación del aire y del agua con varias sustancias químicas, entre ellas dioxinas y cloraminas, el otro efecto grave tiene que ver con sus insumos, principalmente troncos de eucaliptos. Estas papeleras favorecen la plantación de eucaliptos, árboles de origen australiano, lo que aumenta el desmonte de bosques nativos en Argentina. Los eucaliptos a su vez son árboles que desecan los ambientes en donde crecen. Las papeleras afectarán entonces la salud de las personas, el ecosistema del río Uruguay, y sobre todo los suelos y ecosistemas de ambos países.  
 
En casos como estos, ¿cómo se conjuga la protección ambiental con el desarrollo industrial o la instalación de empresas que generen trabajo y quizás prosperidad económica?
En realidad hay que distinguir entre desarrollo sustentable y desarrollo duro. En el caso de las papeleras, el gobierno de Uruguay, las dos empresas, los consultores técnicos e incluso el Banco Mundial actuaron con ligereza e irresponsabilidad, y sin cumplir los tratados binacionales. La propia Cancillería de Argentina tuvo actuaciones poco felices durante la gestión de Rafael Bielsa. Se trata, por lo tanto, de un proyecto duro. Si un proyecto cualquiera cumple la normativa vigente, presenta una evaluación de impacto ambiental seria e irreprochable, y es ampliamente debatido en audiencias públicas, entonces está más cerca de ser un proyecto de desarrollo sustentable.

FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente)
Casilla de Correo 83. Correo Central, (5000) Córdoba.
Argentina.
 Tel: +54-351-4690282
Web: www.funam.org.ar


FUNAM es una ONG fundada en 1982. Tiene status consultivo en ECOSOC (Consejo Económico y Social) y CSD (Comisión sobre el Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas, Nueva York.
Premio Global 500 de Naciones Unidas (1987).
Miembro de RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista Argentina)

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